España lidera el aumento de la presión fiscal en la Unión Europea. El problema no es solo cuánto ha subido, sino sobre quién está recayendo.
Hay rankings en los que uno preferiría no estar el primero. España acaba de situarse en uno de ellos: es el país de la Unión Europea donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década. No lo dice un think tank, ni una patronal, ni un partido de la oposición. Lo dice la propia Comisión Europea en su Informe Anual de Fiscalidad de 2026.
El dato merece atención. Al comparar el periodo 2020-2024 con 2015-2019, la recaudación fiscal sobre el PIB en España aumenta 2,9 puntos porcentuales, el mayor incremento entre los Veintisiete. Pero el dato más interesante no está en cuánto ha subido, sino en cómo lo ha hecho.
La discusión seria nunca ha sido impuestos sí o impuestos no. La discusión es otra: qué impuestos, sobre quién, para financiar qué gasto y con qué resultados.
La Comisión Europea señala que alrededor del 90% del aumento procede de los impuestos sobre el trabajo. Dicho de otra forma: el IRPF y las cotizaciones sociales han sido el verdadero motor del incremento. Y eso cambia por completo la lectura del problema.
Porque conviene evitar el argumento fácil. España sigue teniendo una presión fiscal agregada inferior a la media de la eurozona. En 2024, los ingresos tributarios representaron el 36,8% del PIB, frente al 39,8% del conjunto de países de la moneda única. Por tanto, no sería correcto afirmar simplemente que España es el país que más impuestos paga.
Pero tampoco sería serio quedarse ahí.
La cuestión económica relevante es quién está soportando el esfuerzo adicional y qué consecuencias genera. Y ahí la radiografía es bastante menos cómoda.
Durante la última década, España ha ido desplazando el incremento de la recaudación hacia el trabajo. La propia Comisión menciona dos factores especialmente relevantes: la no deflactación de los tramos del IRPF y el aumento de las cotizaciones sociales.
El primero provoca lo que los economistas conocemos como progresividad en frío. Cuando los salarios nominales aumentan para compensar, aunque sea parcialmente, la inflación, el contribuyente puede terminar pagando un tipo efectivo mayor sin haber mejorado realmente su poder adquisitivo. Cobra más euros, sí; pero eso no significa necesariamente que sea más rico.
Antes de recaudar hay que crear renta. Antes de distribuir riqueza hay que producirla.
El segundo factor son las cotizaciones sociales. Y aquí tampoco deberíamos engañarnos con quién las paga. Una parte aparece en la nómina del trabajador y otra se presenta como cotización empresarial, pero ambas forman parte del coste del trabajo. Incrementarlas encarece contratar, limita el margen para mejorar salarios y afecta especialmente a aquellas empresas con mayor intensidad de empleo.
El resultado es una paradoja difícil de ignorar. Queremos más empleo, mejores salarios, empresas más productivas y capacidad para atraer y retener talento. Pero, al mismo tiempo, estamos incrementando de forma sostenida la carga sobre aquello que precisamente queremos fomentar: trabajar, contratar y remunerar.
No se trata de defender una economía sin impuestos. Un Estado moderno necesita ingresos para financiar sanidad, educación, pensiones, dependencia, seguridad e infraestructuras. La discusión seria nunca ha sido impuestos sí o impuestos no. La discusión es otra: qué impuestos, sobre quién, para financiar qué gasto y con qué resultados.
Y aquí aparece la segunda parte del debate, quizá la más incómoda.
Una mayor presión fiscal puede ser perfectamente compatible con una economía competitiva si los recursos se transforman en mejores servicios públicos, instituciones eficientes, infraestructuras productivas, educación de calidad y un entorno que favorezca la actividad económica. El problema surge cuando el incremento de los ingresos públicos no viene acompañado de una exigencia equivalente sobre la calidad y la eficiencia del gasto.
Porque al contribuyente no deberíamos preguntarle únicamente cuánto está dispuesto a pagar. También deberíamos ser capaces de explicarle qué obtiene a cambio.
Como comentábamos en la columna anterior, durante los últimos años una parte importante del crecimiento de la economía española ha convivido con una fuerte presencia del gasto público y, sobre todo, con el impulso extraordinario de los fondos europeos Next Generation. Un soporte que, precisamente por ser extraordinario, no será permanente.
La pregunta que planteábamos entonces sigue plenamente vigente: ¿qué ocurrirá cuando ese viento de cola desaparezca?
En ese momento, el crecimiento tendrá que descansar mucho más en la productividad, la inversión privada, la innovación y la creación de empleo de mayor valor añadido. Y es precisamente ahí donde resulta difícil ignorar una contradicción: necesitamos fortalecer la economía productiva mientras aumentamos la carga fiscal sobre quienes trabajan, contratan e invierten.
Por eso la estructura fiscal importa.
Penalizar excesivamente las rentas del trabajo puede producir efectos que no aparecen inmediatamente en las estadísticas de recaudación. Puede reducir incentivos, encarecer la contratación, dificultar las subidas salariales y terminar afectando a la competitividad. Especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte de nuestro tejido productivo.
Existe, además, otra singularidad que recoge el informe europeo. España es actualmente el único Estado miembro que mantiene un impuesto sobre el patrimonio neto. A ello se añade una fiscalidad autonómica con diferencias territoriales relevantes y un sistema tributario cada vez más complejo, con distintas figuras, excepciones y niveles administrativos.
Podemos apretar tanto a quienes sostienen el sistema que terminemos debilitando el propio sistema que pretendemos proteger.
Quizá por eso el verdadero debate fiscal que España necesita no debería comenzar preguntando si debemos recaudar más o menos.
Debería comenzar preguntando si estamos recaudando bien. Y, sobre todo, si estamos gastando bien.
Un buen sistema tributario debe recaudar lo suficiente para financiar los servicios públicos, pero también debe ser comprensible, estable, razonablemente equilibrado y evitar distorsionar innecesariamente las decisiones económicas. Cuando una parte tan importante del incremento de la recaudación recae sobre el trabajo, conviene preguntarse si estamos respetando ese equilibrio.
Porque existe un límite económico que a veces olvidamos. Los impuestos financian al Estado, pero la base que los sostiene se genera en la economía productiva. Antes de recaudar hay que crear renta. Antes de distribuir riqueza hay que producirla.** Y antes de consolidar más gasto permanente deberíamos asegurarnos de que quienes trabajan, emprenden, invierten y contratan siguen teniendo incentivos para hacerlo.
España todavía recauda menos que la media europea. Sí. Pero también es el país donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década. Y, sobre todo, ese incremento ha descansado casi íntegramente sobre el trabajo.
Y precisamente yo no parezco sospechosa de defender el debilitamiento de lo público. Todo lo contrario. Creo en unos servicios públicos fuertes, en la educación y la sanidad públicas y en la capacidad del Estado para corregir desigualdades y generar oportunidades. Pero creer en lo público exige también defender la calidad y la eficiencia del gasto público. No se trata simplemente de recaudar más, sino de gastar mejor y poder explicar para qué se exige cada esfuerzo adicional al contribuyente.
Y aquí creo que estamos empezando a pasarnos.
Porque existe un punto a partir del cual seguir aumentando la carga sobre quienes trabajan, emprenden, invierten y crean empleo deja de ser únicamente una cuestión de justicia fiscal. Se convierte en un problema de incentivos.
Si trabajar más, asumir más responsabilidad, emprender o arriesgar capital tiene una recompensa cada vez menor, terminamos erosionando precisamente la base productiva que sostiene el sistema.
Y esa es la paradoja que debería preocuparnos: podemos apretar tanto a quienes sostienen el sistema que terminemos debilitando el propio sistema que pretendemos proteger.
Por eso la pregunta ya no es solo cuánto más podemos recaudar.
La pregunta es otra: ¿Cuánto nos pueden apretar más antes de que deje de compensar el esfuerzo?
Isabel Martínez Conesa
Catedrática de la Universidad de Murcia y directora de la Cátedra de Mujer, Empresaria y Directiva
