Manuel Luna reivindica que la Justicia murciana afronta una "una oportunidad excepcional" para mejorar su calidad

MURCIA. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, el molinense Manuel Luna Carbonell, ha situado este jueves a la Justicia regional ante “una oportunidad excepcional” para mejorar la calidad y eficacia del servicio público, en un momento en el que confluyen la consolidación de los Tribunales de Instancia y de los Servicios Comunes, el incremento de la planta judicial, el impulso de los medios alternativos de solución de controversias y la apuesta por la innovación tecnológica. 

Luna ha pronunciado estas palabras durante el acto solemne de apertura del Año Judicial 2026-2027 en la Región de Murcia, celebrado tras la apertura oficial presidida por Su Majestad el Rey en el Tribunal Supremo, según indican fuentes del TSJ en un comunicado de prensa.

El presidente del TSJ ha planteado la apertura del año judicial como una oportunidad para “rendir cuentas ante la sociedad del estado de la Administración de Justicia en nuestra Región, evaluar el camino recorrido durante el último ejercicio judicial, identificar los desafíos que aún permanecen abiertos y reafirmar nuestro compromiso con la mejora permanente del servicio público de Justicia”.

Una parte central del balance ha estado dedicada a la implantación de los Tribunales de Instancia y de los Servicios Comunes, una reforma que ha supuesto la conversión de 127 órganos unipersonales en 11 Tribunales de Instancia y 25 Servicios Comunes, seguida de la transformación de los tradicionales juzgados de paz en oficinas de justicia municipal.

Transcurridos ya unos meses desde la implementación del nuevo modelo, Luna ha afirmado que “la transición se ha desarrollado sin incidencias de gravedad que hayan comprometido el normal funcionamiento de nuestros órganos judiciales”.

El presidente ha atribuido este resultado a los profesionales que han asumido la transformación “con responsabilidad, generosidad y espíritu de servicio” y ha expresado su reconocimiento a letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y presidencias de tribunales y de sección por el esfuerzo realizado.

También ha destacado que experiencias desarrolladas en órganos judiciales de la Región han sido recientemente incorporadas a la Guía de Buenas Prácticas elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, circunstancia que ha considerado “un motivo legítimo de satisfacción institucional para toda la Justicia de la Región de Murcia”.

Incremento de planta en 2027

A la transformación organizativa se suma el incremento de la planta judicial. Luna ha recordado que hace un año reclamó desde la misma tribuna la creación inmediata de, al menos, 22 nuevas unidades judiciales para afrontar las elevadas cargas de trabajo.

El presidente ha valorado ahora “con satisfacción institucional” la creación de nuevas unidades judiciales que determinará que, entre el 31 de diciembre y el 1 de noviembre del próximo año, un total de 19 plazas incrementen la planta judicial de la Región. Se trata, ha explicado, de una medida “reiteradamente reivindicada y necesaria” para aproximar progresivamente la ratio de jueces por habitante a los estándares nacionales y europeos.

El refuerzo permitirá aliviar la carga de trabajo de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia de Cartagena y Murcia y los Tribunales de Instancia de Totana, Molina de Segura y Lorca.

Luna ha advertido, no obstante, de que la puesta en funcionamiento de estas plazas habrá de venir acompañada del correspondiente incremento de letrados de la Administración de Justicia, personal funcionario y medios materiales suficientes. “Desde el Tribunal Superior de Justicia contemplamos este avance no como un punto de llegada, sino como una etapa más de un proceso que exige continuidad, planificación y compromiso sostenido en el tiempo”, ha señalado ante un Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia repleto, con casi un centenar de togados y una amplia representación institucional y de las profesiones jurídicas.

“Pues solo así será posible que este esfuerzo inversor se traduzca en una mejora real y perceptible para los ciudadanos”, ha añadido.

El presidente ha enmarcado estos cambios en la situación que reflejan los datos de actividad. Durante el último año judicial, los órganos judiciales de la Región registraron 248.000 nuevos asuntos, mientras que el número de resoluciones dictadas alcanzó las 233.000, un 2,2 % más.

Pese a este incremento de la resolución, la pendencia al finalizar el año se elevó hasta los 221.000 asuntos, un 7,2 % más que el ejercicio anterior. Para Luna, estos datos ponen de manifiesto que “la carga de trabajo de nuestros tribunales continúa superando la capacidad de respuesta del sistema”.

La duración media de los procedimientos en la Región continúa, además, por encima de la media nacional, con 12,2 meses en primera instancia y 8,3 meses en segunda. Reducir estos tiempos de respuesta, ha señalado, continúa siendo “uno de los principales desafíos de la Administración de Justicia en la Región”.

Robotización y mediación

En este escenario, Luna ha situado la transformación tecnológica entre los instrumentos para mejorar la calidad y eficacia del servicio público de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia continúa impulsando, a modo de “Laboratorio de Innovación Tecnológica”, distintos proyectos pioneros.

Entre ellos figuran la automatización robótica de trámites en procesos monitorios y juicios verbales de reclamación de cantidad; la vigilancia y control automatizado de los plazos en la fase de instrucción de los procesos penales; la utilización de formularios orientados al dato para la elaboración de borradores asistidos en asuntos de litigación masiva sobre consumidores y usuarios; y el Proyecto Ágora Digital, dirigido a promover la transparencia, seguridad y trazabilidad de las comunicaciones procesales.

“La tecnología debe concebirse siempre como un instrumento al servicio de las personas y de la protección efectiva de sus derechos, contribuyendo a una Justicia más accesible, más eficiente y cercana al ciudadano”, ha afirmado.

El presidente ha incluido también entre los ejes de esta transformación el impulso de los medios alternativos de solución de controversias y, especialmente, de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, de la que ha destacado sus resultados en el ámbito contencioso-administrativo autonómico.

La independencia judicial, garantía para los ciudadanos

En la parte final de su intervención, Luna ha centrado su mensaje en la legitimidad y la independencia judicial, al considerar que la fortaleza de la Justicia se asienta “ante todo, sobre la confianza que los ciudadanos depositan en sus órganos judiciales”.

El presidente ha defendido la legitimidad del debate público, el desacuerdo y la crítica a las decisiones judiciales y ha señalado que las resoluciones de los tribunales “pueden ser analizadas, discutidas y cuestionadas desde planteamientos jurídicos diversos”.

“Ahora bien, la crítica jurídica no puede ser sustituida por la descalificación personal ni por la atribución infundada de motivaciones ajenas al cumplimiento de la ley”, ha advertido.

Luna ha sostenido que, cuando se cuestiona sin fundamento la independencia de jueces y magistrados, “se debilita y erosiona la confianza de los ciudadanos en la Justicia” y se resiente la fortaleza del Estado de Derecho.

El presidente del TSJ ha hecho suyas las palabras pronunciadas días atrás por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la apertura nacional del año judicial: “Si falta un Poder Judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, pues ya no existe quien garantice el cumplimiento de las leyes y los principios constitucionales”.

Finalmente, ha realizado un llamamiento “a la responsabilidad y a la lealtad institucional” para salvaguardar la independencia judicial, entendida como “condición necesaria para la tutela efectiva de los intereses y derechos de los ciudadanos y no como un privilegio corporativo”.

Reconocimientos de la Sala de Gobierno

El acto de apertura ha incluido la dación de cuenta del secretario de Gobierno, Javier Luis Parra García, la presentación de la Memoria de la Fiscalía por el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera y los reconocimientos acordados por la Sala de Gobierno a personas y colectivos que han contribuido al fortalecimiento de la Administración de Justicia en la Región.

Entre ellos, el expresidente del TSJ Julián Pérez Templado, a título póstumo; el teniente fiscal José Francisco Sánchez Lucerga; los magistrados Francisca Isabel Fernández Zapata y Rafael Ruiz Giménez; la letrada de la Administración de Justicia Ana María Lacalle Espallardo; las funcionarias y funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia; los equipos psicosocial y de menores del Instituto de Medicina Legal; el personal de informática; y el área de formación del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.

De manera especialmente sentida, se ha reconocido también la memoria de la magistrada Brígida Gil Páez, por su entrega y compromiso con el ejercicio de la función jurisdiccional.

El acto ha servido igualmente para reconocer a quienes han cumplido 25 años de servicio efectivo en la carrera judicial y a los profesionales que han alcanzado la jubilación.

Como es tradición, la presidencia ha estado integrada además de los miembros de la Sala de Gobierno, el presidente del Consejo de Hombres Buenos, Diego Frutos Saura. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; el consejero de Presidencia y Hacienda, Marcos Ortuño; y el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo. También han asistido representantes parlamentarios, los rectores de las tres universidades de la Región, responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y representantes de la Abogacía, la Procura, los graduados sociales, el Notariado y los registradores.