Durante la pandemia, el sistema bancario español respondió con un nivel de compromiso ejemplar. Activó oficinas en festivos, asumió presión operativa extraordinaria y canalizó, junto al Estado, más de 140.000 millones de euros en financiación a través de los avales ICO. En un momento de parálisis total, la banca sostuvo con eficacia la liquidez del tejido empresarial. Ese esfuerzo merece ser reconocido.
Sin embargo, cinco años después, empiezan a aflorar consecuencias no deseadas en el terreno jurídico. Algunas sentencias recientes, como la del Juzgado de Primera Instancia 104 BIS de Madrid, consideran que muchos empresarios firmaron préstamos ICO bajo un vicio de consentimiento: creían que su responsabilidad se limitaba al 20% del préstamo, confiando en que el Estado cubriría el resto en caso de impago.
Esta lectura judicial, aunque bienintencionada, es excesivamente proteccionista. Porque los contratos eran claros: el banco podía reclamar el 100% al cliente, y solo después, si no recuperaba, acudía al aval del Estado. Pensar que el “Estado papá” actuaría como garante principal es una interpretación que no se sostiene desde el punto de vista económico ni jurídico. Tengo que reconocer, no con mucho gusto, que alguna empresa zombi aprovechó la coyuntura.
Y es que si el Estado se coloca por delante de quien solicita el préstamo, se invierte el principio de responsabilidad que debe regir toda relación financiera. Se desincentiva la prudencia, se fomenta el riesgo moral y se distorsiona la lógica misma del aval. Un modelo así, de extenderse, tendría consecuencias muy serias para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para el crédito futuro.
Y es que si el Estado se coloca por delante de quien solicita el préstamo, se invierte el principio de responsabilidad que debe regir toda relación financiera. Se desincentiva la prudencia, se fomenta el riesgo moral y se distorsiona la lógica misma del aval. Un modelo así, de extenderse, tendría consecuencias muy serias para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para el crédito futuro.
Además, este tipo de sentencias podrían generar una pedagogía peligrosa: la de que el Estado está siempre para rescatar, incluso de los errores contractuales. Un mensaje populista que libera al ciudadano de las consecuencias de sus decisiones económicas, algo preocupante en un país donde la educación financiera sigue siendo insuficiente.
El caso de los avales ICO debería invitar a una reflexión seria sobre cómo comunicar políticas públicas de emergencia sin generar excesivas expectativas o incentivos perversos difíciles de incumplir.
Isabel Martínez Conesa
Catedrática especialista en Banca
Directora de la Cátedra Mujer Empresaria y Directiva
