MURCIA. La entrada en vigor del uso obligatorio de las balizas V-16 para vehículos a partir del próximo 1 de enero es, a juicio de Vox, "una arbitrariedad más del Gobierno de Pedro Sánchez". El partido, que denuncia "este decretazo", ha registrado este viernes en el Ayuntamiento de Murcia una moción que llevará el próximo Pleno de diciembre para pedir al Ejecutivo que "suspenda esta medida", basándose, dicen, en "motivaciones objetivas y a estudios independientes ausentes en la elaboración de esta normativa" para, además, anularla. Vox, de hecho, está llevando a cabo, estos días, iniciativas similares en toda España.
Alba Franco, portavoz adjunta de Vox en Murcia, sostiene que las balizas que el Gobierno pretende imponer pueden costar hasta 60 euros: "Para muchas familias eso supone elegir entre obedecer los caprichos del Gobierno o llenar el depósito de su vehículo para ir a trabajar. Esto no es seguridad vial, esto es un negocio. Como acostumbra, el Gobierno crea un problema donde no lo había, impone su solución y castiga a quien no pase por caja. Se trata de otro impuesto encubierto y otro abuso más sobre las familias españolas. Desde VOX hemos registrado hoy esta iniciativa para exigir la retirada inmediata de esta normativa injusta, improvisada y profundamente lesiva para los españoles".
A partir del 1 de enero de 2026, los tradicionales triángulos de emergencia dejarán de ser válidos y la baliza V-16 será obligatoria en todos los vehículos, salvo en las motocicletas (cuyo uso será recomendado). Desde ese día, este elemento luminoso será el único dispositivo homologado que se pueda utilizar en caso de que un automóvil quede inmovilizado por una avería o un accidente.
Su implantación en España, pionera en toda Europa, ha generado mucha incertidumbre, además de cierto recelo entre los usuarios. Para disipar las dudas, la propia Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han elaborado un comunicado con preguntas y respuestas.
¿Por qué se adopta esta medida? La DGT aduce que cada año mueren en España unas 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellas mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos. "La nueva normativa nace precisamente para evitar estos riesgos y reducir la exposición del conductor al tráfico", aseguran.
Desde Vox, por su parte, argumentan que el 65% de los españoles "desconoce" la entrada en vigor de esta norma y el 30% "no sabe" que está expuesto a una multa de 80 euros por incumplirla. Para el partido de Abascal, la obligatoriedad de esta baliza o luz de emergencia para vehículos "va contra los intereses económicos de los españoles, obligados a adquirirla en época navideña a un alto precio, contra su libertad de seguir optando por los eficaces triángulos reflectantes, contra la igualdad de todos ante la Ley, ya que no afecta a los vehículos no matriculados en España aunque circulen por nuestro país, y contra la integridad física y la propia vida de los ciudadanos, ya que se introducen severos riesgos para la seguridad personal de los ocupantes de vehículos".
Vox también considera que ve "peligroso y va contra las recomendaciones nacionales e internacionales de seguridad vial el que, ante una avería en carretera, se haga creer a los españoles que basta colocar la luz de emergencia sobre el vehículo permaneciendo los ocupantes en el interior mientras la DGT, presuntamente conectada con la baliza, envía la ayuda necesaria". Así lo esgrimen: "Buena parte de los accidentes mortales en carretera se producen por el impacto de vehículos parados con otros vehículos, riesgo que aumenta debido a las claras limitaciones de estas balizas, que apenas se ven con luz diurna o en condiciones climatológicas adversas y no son en absoluto visibles en curvas cerradas, cambios de rasante o zonas sin visibiidad directa. Es decir, no son en absoluto visibles en una parte importante de los tramos de carretera de un país tan montañoso y de orografía abrupta como es España. Por si fuera poco, en España hay ámplias zonas del territorio con una conexión muy débil a internet o sin conexión en absoluto, con lo que estas balizas no pueden enviar señal alguna de emergencia a la DGT y, por lo tanto, no tienen utilidad alguna".
Cabe puntualizar que la DGT aclara que corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad. Así lo expone: "Tal y como expone el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, "en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado".
Vox, insiste en su comunicado, "comparte el parecer de asociaciones de conductores y de la Guardia Civil que muestran profundas dudas respecto a estas balizas". Y añaden: "No son eficaces en situaciones de emergencia sino que, al contrario, pueden aumentar los riesgos, incluyendo los mortales. Además, el “decretazo” del Gobierno no contempla la posibilidad de seguir optando por los triángulos reflectantes, que sí han demostrado perfectamente su eficacia, funcionan de manera sencilla y no necesitan conexión a internet, algo fundamental en una parte importante de nuestro país".
El partido concluye que, hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la utilidad del dispositivo para aumentar la seguridad vial, resulta imprescindible suspender esta medida del Gobierno de Sánchez. Mientras tanto lo necesario es proporcionar ayudas para que familias y empresas puedan renovar el parque móvil, algo que sí repercute directamente en el aumento de la seguridad vial. De imponerse la obligatoriedad inmediata de estas balizas, se trataría de otra más de las medidas arbitrarias y directamente contra los intereses de los españoles que toma el Gobierno de Sánchez.
