MURCIA. La conservación del patrimonio histórico en el municipio de Murcia atraviesa un momento de intensos contrastes, donde el planeamiento urbanístico, la modernización tecnológica y el amparo de los tribunales avanzan en paralelo a intervenciones que generan un fuerte rechazo.
Por un lado, la vía urbanística ha demostrado ser una herramienta eficaz para garantizar la memoria arquitectónica. Un ejemplo de ello es la tramitación del plan especial de reordenación urbana en la zona industrial de Alquerías, junto a la carretera regional MU-304. Esta actuación municipal permite potenciar el desarrollo económico de la pedanía y, al mismo tiempo, adaptar el planeamiento a la protección de la centenaria Casa Colorá, un inmueble ligado a la histórica cría del gusano de seda y al cultivo de moreras que fue declarado Bien integrante del Patrimonio Cultural de la Región en abril de 2024.
En materia de divulgación, la valorización del patrimonio ha encontrado en la tecnología un aliado fundamental para actualizar sus espacios, como ha ocurrido tras la finalización de las obras en el Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre, enclavado en el corazón del parque natural de El Valle y Carrascoy.
Esta actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y financiada con fondos europeos, ha permitido digitalizar y modernizar íntegramente los contenidos del recinto mediante la instalación de un holograma que recrea la figura del propio ermitaño Juan el Pobre, la creación de un gran mural artístico, el despliegue de pantallas de gran formato y la integración de un sistema de videomapping capaz de proyectar imágenes en tres dimensiones para ofrecer una experiencia plenamente inmersiva a los visitantes.
Junto al impulso tecnológico y divulgativo, la firmeza institucional para blindar los monumentos emblemáticos del municipio ha encontrado un respaldo incontestable en la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha ratificado la denegación de una licencia urbanística para construir una vivienda en el entorno de protección del Castillo de Monteagudo. La sentencia pone fin a la vía judicial iniciada por el promotor y confirma la actuación del Ayuntamiento, que rechazó el permiso basándose en el informe preceptivo y vinculante contrario emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural.
La nota amarga la protagoniza la Hacienda Riquelme, en la pedanía de Sucina. En este complejo residencial y de golf enclavado en una finca rural de 1857, las obras de remodelación en uno de los inmuebles han abierto un gran ventanal en la fachada. La modificación es claramente visible tanto para residentes como para visitantes ajenos a la urbanización, generando controversia ya que el palacete cuenta con el Nivel 2 de protección dentro del inventario municipal, una catalogación que obliga estrictamente a conservar la estructura y la fachada originales del edificio.
