MURCIA (Efe). La Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste de Murcia ha denunciado este lunes que una quinta parte de las viviendas de protección oficial construidas en 2005 en la urbanización Joven Futura, en Espinardo han sido revendidas por precios que llegan a duplicar los de adquisición, pese a que su condición de viviendas protegidas era para un periodo de 30 años.

La asociación ha hecho pública una información solicitada a la Comunidad Autónoma en la que se reconoce que se ha autorizado la venta de 227 de las 1.232 viviendas que se construyeron como de protección oficial (VPO) y en base a un plan urbanístico que fue anulado en 2015 por el Tribunal Supremo.

Los propietarios y cooperativistas de esta urbanización han venido reclamando desde entonces que se regularice la situación urbanística del desarrollo con la aprobación de un nuevo plan parcial, algo que por el momento no se ha producido.

Pese a ese limbo legal y a la protección de las viviendas, lamenta la organización vecinal, que llevó a los tribunales el desarrollo urbanístico, ya han sido vendidas un 20% de las mismas, un porcentaje que se eleva hasta el 30% en el edificio principal.

Lo han hecho, además, lamentan los vecinos, por un precio muy superior al de compra, que osciló entre los 90.000 y los 125.000 euros entre 2008 y 2012, mientras que actualmente se anuncian en portales inmobiliarios por unos 200.000 euros.

“Muchos propietarios están intentando vender prácticamente al doble de lo que pagaron gracias al régimen protegido y a las ayudas públicas”, ha subrayado la asociación, alertando de que las reventas se están haciendo a precios de vivienda libre.

Otros propietarios, advierten, han alquilado sus viviendas, pese a que está prohibido hacerlo al ser VPO, por lo que han lamentado “la tolerancia activa” de las administraciones regionales con “una bolsa de especulación sobre un parque que oficialmente sigue siendo vivienda protegida”.

Para Senda de Granada Oeste, se trata de un “pelotazo en dos tiempos”, reclasificando terrenos protegidos de huerta y expropiando suelo a precios muy reducidos primero para construir esas viviendas protegidas, y su actual reventa.

El compromiso de que se va a regularizar la urbanización anunciado por el Ayuntamiento constata, según la asociación vecinal, que “la prioridad del proyecto nunca fue la vivienda asequible, sino la rentabilidad futura obtenida sobre un suelo de huerta reclasificado y declarado ilegal”.