El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha iniciado el proceso para adjudicar el nuevo contrato de servicios postales y notificaciones administrativas del municipio y de sus organismos dependientes, un acuerdo que contará con un presupuesto base de licitación de 60.000 euros, IVA incluido, para un periodo inicial de dos años. El contrato podrá además prorrogarse anualmente hasta alcanzar una duración máxima de cuatro años.

El servicio dará cobertura a toda la actividad postal generada por el Ayuntamiento, incluyendo cartas ordinarias y certificadas, notificaciones administrativas y judiciales, envíos urgentes y paquetería, tanto dentro de España como a nivel internacional. También se incorporan servicios complementarios como avisos de recibo, gestión de entrega, seguimiento informático de los envíos o devolución de correspondencia cuando no pueda completarse la entrega. Dentro de los organismos incluidos en el contrato figura igualmente el Juzgado de Paz, que podrá utilizar de forma independiente los servicios contemplados en el pliego, aunque bajo las mismas condiciones fijadas por el Consistorio.

El Ayuntamiento exige además que la futura empresa adjudicataria disponga de una oficina de atención al público y un centro de admisión y tratamiento de correspondencia en San Pedro del Pinatar, así como presencia en todas las capitales de provincia. Entre las condiciones técnicas recogidas en el contrato se encuentra la obligación de contar con sistemas digitales de seguimiento que permitan conocer en tiempo real el estado de los envíos, así como acreditar la entrega, recepción o rechazo de las notificaciones administrativas.

El pliego pone especial atención en las notificaciones administrativas, un apartado sensible para la actividad municipal. Así, la empresa adjudicataria deberá realizar dos intentos de entrega en horarios diferentes antes de considerar fallida la notificación, respetando además unos plazos máximos que el Ayuntamiento fija en un día hábil para las entregas dentro del municipio y en tres días para el resto del territorio nacional. En caso de no localizar al destinatario, el operador postal deberá dejar aviso en el domicilio y custodiar la documentación durante al menos siete días naturales antes de devolverla al Ayuntamiento.

El contrato también contempla un servicio específico de paquetería para envíos de entre dos y cinco kilos, con plazos de entrega de dos días hábiles para grandes ciudades y de hasta tres días para el resto de destinos. La facturación se realizará mensualmente y deberá incluir un desglose detallado del número de envíos, pesos, destinos y servicios adicionales utilizados por las distintas áreas municipales. Aunque el presupuesto anual previsto asciende a 30.000 euros, el propio pliego aclara que se trata de una cantidad estimativa, ya que el gasto definitivo dependerá del volumen real de envíos que realicen tanto el Ayuntamiento como los organismos dependientes.

La tabla económica incluida en el contrato fija precios máximos para los distintos servicios. Entre ellos destacan cartas ordinarias locales desde 0,70 euros, cartas certificadas desde 4,15 euros, envíos urgentes certificados a partir de 6,84 euros y servicios de paquetería con tarifas que oscilan entre los 5,85 y los 22,64 euros según el peso y el destino.