CARTAGENA. La petición para prohibir de forma total y permanente las motos de agua en el Mar Menor ha provocado la reacción del sector náutico de la Región de Murcia. La iniciativa, que ha reunido cerca de 22.000 firmas a través de Change.org, atribuye a estas embarcaciones daños sobre los fondos marinos, contaminación acústica y química y riesgos para los bañistas. Unos argumentos que José Miguel Martínez Castejón, presidente de la Asociación Náutica de la Región de Murcia, rechaza por considerar que carecen de respaldo técnico y científico.
Martínez Castejón preside desde hace trece años la asociación regional y desde hace dieciocho la Federación Española de Motonáutica. Además, es vicepresidente desde su creación, hace cinco años, de la Asociación Nacional de Motos Acuáticas, impulsada desde la propia federación, y acumula 33 años como empresario vinculado a esta actividad. Desde esa experiencia, denuncia que se ha generado una "psicosis" alrededor de las motos de agua que, a su juicio, no se corresponde con su impacto real.
"Las acusaciones no se sostienen ni técnica ni científicamente. Se han realizado decenas de estudios sobre el Mar Menor y ninguno responsabiliza a la navegación de recreo, y mucho menos específicamente a las motos acuáticas, de los problemas de la laguna", sostiene el representante del sector.
La campaña asegura que las turbinas remueven el sedimento y dañan la flora bentónica, además de provocar contaminación acústica y posibles vertidos de hidrocarburos. Martínez Castejón rebate estas afirmaciones y explica que, en condiciones normales de navegación, el sistema de propulsión no llega hasta el fondo.
"La moto acuática pasa por encima del agua. Cuando navega despacio, el casco puede generar algo de turbulencia, pero no llega al fondo marino. Si alguien intentara arrancarla con apenas veinte centímetros de agua, aspiraría tierra y piedras y acabaría destrozando su propia moto", señala. En su opinión, las embarcaciones de mayor tamaño con hélices exteriores tienen más capacidad para remover los fondos en zonas poco profundas.
También niega que las motos de agua viertan aceite directamente a la laguna. "Si hubiera una pérdida, el aceite se quedaría dentro del casco. Si el agua pudiera entrar y salir libremente, la moto se hundiría", argumenta. Por ello, considera que las afirmaciones incluidas en la petición parten de una idea preconcebida y no de estudios específicos sobre estas embarcaciones.
El presidente de la Asociación Náutica regional defiende que los trabajos científicos dedicados a analizar la crisis ecológica del Mar Menor apuntan hacia otras presiones. Como ejemplo, menciona las intervenciones del catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez-Ruzafa, uno de los investigadores que más ha estudiado la laguna.
"Cuando se produce una dana o un episodio grave y se analiza lo ocurrido, se habla de las entradas de nutrientes, la agricultura, las depuradoras o los vertidos. Nadie habla de la navegación de recreo porque no aparece como uno de los problemas", afirma. Martínez Castejón sostiene que el impacto de esta actividad es limitado por su estacionalidad, ya que la mayor parte de la navegación se concentra en determinadas jornadas y fines de semana del verano.
Lejos de mostrarse ajeno a la situación ambiental de la laguna, asegura que los empresarios y usuarios habituales son los primeros interesados en protegerla. "Si el Mar Menor desaparece o se contamina, deja de interesarnos también a nosotros. Somos los primeros defensores de la laguna, pero tenemos que valorar las cuestiones con datos y estudiar cómo hacer compatibles las actividades económicas con su conservación", subraya.
Martínez Castejón recuerda que las asociaciones y empresas del sector han participado en distintas actuaciones de limpieza tras episodios de lluvias intensas. Cita, entre otras, las realizadas en el entorno de la isla Perdiguera, donde asegura que han retirado grandes cantidades de residuos arrastrados hasta el Mar Menor.
"Vamos con embarcaciones neumáticas y motos acuáticas y sacamos auténticos montones de basura. Entre lo que más encontramos hay tuberías y mangueras procedentes del riego. Nos preocupa muchísimo nuestro medio natural y colaboramos para cuidarlo", explica.
"A quien incumpla, que lo sancionen"
La seguridad constituye otro de los principales argumentos de los promotores de la campaña, que alertan de la proximidad de algunas motos a la costa y del riesgo que pueden representar para bañistas, buceadores y navegantes. Martínez Castejón reconoce que existen usuarios que incumplen las normas, pero rechaza que su comportamiento pueda servir para criminalizar a todo el sector. "Claro que hay irresponsables. Los hay en las motos de agua, en los coches y en cualquier otro ámbito. A quien incumpla hay que sancionarlo con toda la contundencia, pero no se puede prohibir una actividad completa por el comportamiento de unos pocos", defiende.
El dirigente náutico señala que algunas de las imágenes difundidas en televisión o redes sociales no muestran todo el contexto. Recuerda el caso de una moto acuática que apareció rodeada de bañistas cuando, según explica, navegaba por un canal balizado de acceso a la playa en el que el baño no estaba permitido.
"Se presentaba como una moto metida entre la gente, pero la embarcación estaba en su canal y eran los bañistas quienes habían ocupado una zona en la que no podían estar. Cuando se difunden únicamente las imágenes, parece que toda la responsabilidad es del conductor", apunta.
Martínez Castejón asegura que no tiene constancia de que se haya producido en España un accidente mortal por el atropello de un bañista con una moto acuática. Los siniestros graves asociados a estos vehículos, sostiene, suelen afectar a sus propios ocupantes debido a colisiones entre motos, impactos contra rocas u otras maniobras imprudentes.
"Se ha creado una sensación de peligro que no se corresponde con las estadísticas. Puede haber bañistas que sientan miedo cuando ven acercarse una moto y eso hay que entenderlo, pero muchas veces ese temor nace de la desinformación. La solución es ordenar la navegación, informar y vigilar", afirma.
El representante del sector insiste en que no pretende restar importancia a las conductas irresponsables. De hecho, reclama más medios para perseguirlas y sancionarlas. "Nosotros somos los primeros interesados en que haya vigilancia. Que se controle y se sancione a quien entre en una zona de baño, exceda la velocidad o incumpla cualquier otra norma", remarca.
Más medios en el agua
Martínez Castejón explica que tanto la asociación regional como la Federación Española de Motonáutica han trabajado para implicar a las policías locales en la vigilancia del litoral. Su propuesta pasa por que los agentes municipales actúen dentro de los primeros 200 metros desde la costa y colaboren con la Guardia Civil y Capitanía Marítima más allá de esa distancia.
Para ello, el sector ha promovido reuniones con ayuntamientos, concejales de Seguridad Ciudadana y responsables policiales, tomando como referencia la experiencia de la Policía Local de Orihuela, que lleva años utilizando motos acuáticas. Ese trabajo, añade, ha contribuido a que municipios como Cartagena cuenten con estos vehículos para realizar labores de vigilancia y rescate.
"Cuando una persona ve a un policía en el agua, sabe que existe vigilancia. Hemos tenido que reunir a los ayuntamientos, explicar el proyecto y mostrarles que las policías locales pueden trabajar en el mar. Pero esa coordinación debería impulsarla la Administración", considera.
El dirigente náutico distingue entre la relación mantenida con el Gobierno regional y los ayuntamientos ribereños y la que, según denuncia, existe con la Administración central. "Con la Comunidad Autónoma hemos tenido muchísimas reuniones. Algunas veces hemos estado de acuerdo y otras no, pero hemos trabajado, negociado y presentado propuestas", afirma.
Martínez Castejón recuerda que participó en las reuniones celebradas para regular la navegación en el Mar Menor y que el sector intervino en el debate sobre los límites de velocidad. Según relata, aceptaron que se estableciera una velocidad máxima de cuatro nudos en las zonas con hasta cuatro metros de profundidad para reducir cualquier posible afección sobre el fondo, especialmente la que pudieran causar embarcaciones de mayor tamaño.
"Nos fuimos hasta los cuatro metros de profundidad por precaución. Una moto acuática con un metro de agua puede salir perfectamente sin afectar al fondo, pero una embarcación grande con dos motores sí puede removerlo en determinadas condiciones. Como no se podían hacer siete normas diferentes, aceptamos una regulación común", explica.
El límite general de veinte nudos también fue objeto de negociación. Martínez Castejón considera que la velocidad no determina por sí sola el impacto acústico de una embarcación y reconoce que su control resulta especialmente complejo en una superficie abierta como la laguna. No obstante, subraya que el sector participó en la elaboración de las medidas y aceptó restricciones para compatibilizar la actividad con la protección ambiental.
En cambio, reprocha a la Delegación del Gobierno y a Costas que no hayan convocado a los empresarios para abordar específicamente los problemas relacionados con las motos acuáticas. «En todos estos años no hemos sido citados para negociar. Cuando intentamos sentarnos a hablar, nos derivan a otras oficinas. No puede decirse que el sector no hace nada cuando somos nosotros quienes estamos impulsando proyectos de vigilancia», señala.
Cuestiona la evolución de las firmas
Martínez Castejón también pone en duda la representatividad de las 22.000 adhesiones reunidas por la petición. Según asegura, durante cerca de dos meses la campaña permaneció en torno a las 5.000 firmas y posteriormente sumó alrededor de 17.000 en una sola jornada. Recuerda, además, que la plataforma permite recoger apoyos procedentes de cualquier parte del mundo.
"No digo que las firmas no existan, pero hay que explicar cómo se han conseguido y a quién representan. En unos dos meses no llegaban a 5.000 y, de repente, aparecieron otras 17.000. Además, son firmas recogidas a escala mundial. No pueden utilizarse como sustituto de los informes técnicos", argumenta.
El presidente de la Asociación Náutica asegura que han tratado de contactar con algunos de los colectivos promotores de la campaña para contrastar sus argumentos, pero afirma que no han encontrado disposición para mantener un debate.
"Queremos sentarnos con la documentación encima de la mesa, hablar de los estudios y discutir las cuestiones técnicas. Sin embargo, cuando intentamos aportar información nos bloquean. No quieren debatir", lamenta.
También rechaza que la prohibición implantada en Cabo de Gata deba trasladarse automáticamente al Mar Menor, como reclaman los impulsores de la petición. A su juicio, cada espacio protegido tiene características y normativas diferentes, por lo que cualquier restricción debe justificarse mediante el análisis del impacto real de la actividad.
"Que se haya prohibido en otro lugar no significa que esté justificado hacerlo aquí. Además, allí se veta la moto acuática y no otras embarcaciones que pueden tener una afección mayor. Hay que demostrar cuál es el daño y tomar las decisiones a partir de esa evidencia", defiende.
Frente a la prohibición total, la Asociación Náutica propone reforzar la vigilancia, mejorar la coordinación entre administraciones y aplicar las sanciones previstas a quienes incumplan las zonas de navegación o los límites establecidos.
"No pedimos que se mire hacia otro lado. Pedimos justamente lo contrario: que haya medios, que se vigile y que se sancione a quien lo haga mal. Lo que no aceptamos es que se convierta a todos los usuarios de motos acuáticas en culpables de un daño que nadie ha demostrado científicamente", concluye Martínez Castejón.
