MURCIA. Casi 120 millones de euros se acumulan, sin ningún uso, en las cuentas bancarias de los juzgados de la Región de Murcia. Esta elevada cantidad de dinero procede de las fianzas, las subastas, las multas y las indemnizaciones -entre otros conceptos judiciales- que los ciudadanos tienen que abonar cuando así se lo reclama un juez. Estos fondos se encuentran bloqueados, retenidos y sin contacto con la economía regional. Y permanecen bajo custodia en las llamadas cuentas de depósitos y consignaciones.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de actualizar sus datos, correspondientes al segundo trimestre del año, y que reflejan que la Región de Murcia es la undécima provincia española con más saldo en sus cuentas. En concreto, son 119.752.469 euros retenidos, una cantidad ligeramente superior a la registrada en los primeros tres meses de 2022, que fue de 119,2 millones.

Los órganos judiciales de la Región, de hecho, han aumentado las entradas de dinero, con 52.522 operaciones frente a las 46.949 que hubo entre enero y marzo. Estos movimientos generaron ingresos de 57,3 millones de euros frente a los 61,5 millones del primer trimestre. Al mismo tiempo, las salidas del saldo también han subido, al pasar de 39.006 a las 45.025 contabilizadas entre abril y junio. Estas operaciones implicaron que se devolvieron casi 57 millones al circuito de la economía murciana, a tenor de los datos del CGPJ.

El mundo de la Justicia lleva años reclamando más medios materiales y humanos para, entre otras aspiraciones, reducir la cuantía de las cuentas de consignación. La paralización de ese dinero impide que pueda fluir y generar riqueza, al quedarse atascado. Tal y como explicaba a este diario el secretario coordinador provincial del TSJ de Murcia, Miguel Ángel Soler López, "nos faltan los recursos humanos que facilitarían una mayor agilización en la gestión y disposición de los fondos". La alta litigiosidad, además, y el déficit estructural en la planta judicial también influyen, pues producen retrasos y demoras en los procesos judiciales.

Hay que tener en cuenta que el montante ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la crisis económica de 2008. Sirvan dos ejemplos: en 2010, la cifra rozaba los 90 millones. En cambio, 2018 se cerró en 120 millones. Es decir, hubo una subida del 40%. 2021, de hecho, acabó con un saldo definitivo de 121,6 millones de euros, según la estadística del CGPD, consultada por este periódico. 2022, a tenor de las cifras, no parece que vaya a cambiar la tendencia.