El bloqueo de la Justicia impide que 122 millones fluyan en la economía de la Región

MURCIA. Hay un importante montante de dinero que no se mueve en la economía regional, sino que se encuentra paralizado en las cuentas bancarias de los juzgados. Es el dinero procedente de las fianzas y las subastas -entre otros conceptos judiciales-, cuyos fondos están ingresados a la espera de que se resuelvan los pleitos. Estas cantidades permanecen bajo custodia en las llamadas cuentas de depósitos y consignaciones. Su cuantía total alcanza los 122 millones de euros en la Región de Murcia, según el último dato actualizado del Consejo General del Poder Judicial (CGPD), y es la cantidad más elevada de la década. 

Todos los órganos judiciales de la Región tienen asignada una cuenta, gestionada por el Banco Santander, que es la entidad de crédito que presta el servicio hasta 2022. El responsable de estos ingresos es el letrado de la Administración, una figura conocida anteriormente como secretario judicial. Los fondos que gestiona se encuentran retenidos mientras no se zanjen los litigios y no circulan por la economía real. Precisamente es uno de los motivos por los que los juristas reclaman una agilización de la Justicia: para que el dinero no se atasque y pueda fluir y genere riqueza.

Las cuentas de consignación, que se dan en todas las jurisdicciones, son los depósitos judiciales por garantías, fianzas, cauciones u otros requisitos procesales, así como las incautaciones de moneda, billetes, cheques bancarios y valores realizables de la Policía, Aduanas o cualquier otro funcionario. También incluye cualquier ingreso que se realice por embargo de bienes y las cantidades que se encuentran en las diligencias judiciales.

La Región, con su tope de 122 millones, es la octava provincia con el dato más elevado del país, según indica la estadística del CGPJ. El saldo de las cuentas de consignación ha aumentado paulatinamente, especialmente a raíz de la crisis económica. Si en el año 2010 el saldo se situaba en 89 millones, en 2018 se cerró en 120 millones; por lo que el crecimiento ha rozado el 40%. El montante se disparó de hecho en 2013, cuando se llegó a 117 millones, coincidiendo con los años más duros de la recesión.

Alta litigiosidad y escasez de abogados

¿A qué se debe esta elevada cantidad de dinero retenido? ¿Qué factores influyen? Hay varios motivos, según explica Miguel Ángel Soler López, el secretario coordinador provincial del TSJ de Murcia. "Destaca la alta litigiosidad", detalla Soler López a Murcia Plaza, "pero también la complejidad de los procedimientos por la cuantía que se reclama y el déficit estructural en la planta judicial, que produce demoras en la finalización de los procedimientos".

Hay otra causa más: la escasez de letrados, que en la Región "es palmaria". "Nos faltan los recursos humanos que facilitarían una mayor agilización en la gestión y disposición de los fondos", expone el secretario. "Esto se hace patente en el partido judicial de Murcia, tras la implantación de la nueva oficina judicial", indica antes de citar un ejemplo: "En el orden jurisdiccional civil, un solo letrado está asumiendo la gestión procesal de 9.480 asuntos en fase declarativa y 1.584 en fase de ejecución".

¿Qué medidas habría que adoptar para que disminuya la cifra total? A juicio de Soler López, "primero habría que analizar la tasa de litigiosidad, muy importante en España, y significativamente alta en la Región, y trabajar en la búsqueda de soluciones alternativas a la vía judicial para la resolución de conflictos". 

El problema no se da sólo en la Región. En el resto del país, la cantidad total asciende a más de 4.300 millones de euros. Por delante de los juzgados murcianos se encuentran Baleares (134 millones), Sevilla (147), Valencia (149), Málaga (183) y Alicante (189). Encabezan este ranking Barcelona (472 millones) y especialmente Madrid (cuyas cuentas retienen más de 1.200 millones).  

El secretario reclama el incremento de la planta judicial: "Necesitamos que la ratio de jueces/magistrados por 100.000 habitantes se equipare con el resto de comunidades autónomas, y podamos reducir el tiempo de respuesta entre la presentación de una demanda y la resolución final". Además, incide Soler López, "es necesario el incremento de la plantilla de letrados y la redimensión de la oficina judicial, para adaptar las cargas de trabajo a márgenes que permitan una mayor eficiencia del servicio".

La cifra de las cuentas de consignación ponen de manifiesto otro de los asuntos pendientes de la Justicia. Cada día hay más juicios y los recursos no se amplían, para desazón de juristas y ciudadanos; mientras esa realidad no se corrige, las cuentas de consignación siguen aumentando sin freno, con el consiguiente perjuicio que ocasionan en la economía murciana.