MURCIA (Efe). El Ayuntamiento de Murcia ha abierto una investigación para determinar si el anterior equipo de Gobierno, liderado por el popular José Ballesta, destinó dinero procedente de las promotoras de la zona norte para financiar obras en otras partes del municipio contraviniendo sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal Supremo (TS).

El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, ha asegurado en una rueda de prensa convocada de urgencia que "la gravedad de esos hechos", que publica este jueves el diario La Verdad, "requiere de actuaciones rápidas, urgentes y contundentes", ya que, de confirmarse su veracidad, eso debería suponer la dimisión en bloque de todo el grupo popular.

Según la información publicada en ese periódico, el Gobierno de José Ballesta gastó hasta 26 millones de euros procedentes de las promotoras de la zona norte en financiar obras como la remodelación del paseo de Alfonso X, la construcción de la escuela infantil de La Paz, la senda verde entre Los Dolores y Los Ramos, la rehabilitación de las antiguas escuelas de El Palmar o las infraestructuras de Murcia Río, entre otras, entre los años 2016 y 2020.

Ello pese a que en marzo de 2016 el TSJ dictó una sentencia en la que advertía al consistorio de que los fondos aportados por las constructoras no podían utilizarse para ningún otro fin que no fuera el de los sistemas de patrimonio de suelo público y la dotación de sistemas generales de infraestructuras y equipamientos en las zonas urbanizadas, un fallo que fue ratificado por el TS en diciembre de 2017.

El concejal de Desarrollo Urbano, Andrés Guerrero, ha apuntado que hace dos meses su departamento creó una mesa técnica interna para estudiar la situación de esos convenios urbanísticos de la zona norte en la que ya se habían detectado algunas irregularidades de este tipo.

En el año que PSOE y Cs llevan al frente del Ayuntamiento, ha dicho, no se han hecho más inversiones con esos fondos procedentes de los convenios e incluso se han paralizado proyectos cuya financiación tenía cargo a esas dotaciones, y que no han llegado a sacarse a licitación por las dudas que planteaba su financiación.

Guerrero ha advertido de que la sentencia del TSJ de 2016 era clara al establecer la obligación de destinar los fondos de las promotoras a la zona donde se habían hecho los desarrollos urbanísticos, por lo que los hechos denunciados por el periódico “son de suma gravedad” y se estudiarán para exigir posibles responsabilidades administrativas e incluso penales llegado el caso.