No hay mal que por bien no venga. Desde el punto de vista de la estabilidad económica, la idea inicial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de posponer las elecciones generales hasta diciembre de 2023 era una mala idea. En ambiente pre-electoral es casi imposible aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, que se suelen elaborar en el otoño y habría sido necesario prorrogar los actuales o pactarlos in extremis en el seno de su coalición contra-natura. Dado que a partir de enero de 2024 vuelven a aplicarse las normas europeas sobre los límites de deuda y gasto público derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que quedaron en suspenso desde el comienzo de la pandemia, dichos presupuestos deben elaborarse teniendo en cuenta que ha llegado el momento de comenzar el ajuste de las cuentas públicas. Por eso una prórroga de los de 2023 sería del todo inadecuada ya que, además de haberse realizado sin límites respecto a las necesidades de endeudamiento del sector público, los presupuestos actualmente en vigor contaban con los desembolsos de los fondos Next Generation, mayores en 2023 que en 2024.

La situación de las cuentas públicas en la actualidad es delicada, aunque menos de lo que lo sería sin el programa europeo. Como puede verse en la Tabla 1, España es uno de los países que mantiene un déficit público más alto, con niveles superiores a los medios de la Zona euro y la UE y muy parecidos a los de Francia. En el caso de Italia y España, los déficit se han producido a pesar de las importantes transferencias (tanto corrientes como de capital) procedentes de la UE. Entre 2021 y 2023 se ha ido desembolsando al Reino de España una gran parte del primer tramo del programa Next Generation EU, que supone, en total, casi 70.000 millones de euros a fondo perdido, es decir, que no debemos devolver. 

Tabla 1: Déficit (-) o superávit (+) público, en porcentaje del PIB

Fuente: EUROSTAT (2023)