MURCIA (EFE). La nueva Ley de Simplificación Administrativa incluye la generalización del silencio administrativo positivo. "Si la Administración no cumple el plazo que tiene para resolver el procedimiento, se entiende concedido lo solicitado por el ciudadano, por la empresa o por el autónomo", ha apuntado la consejera de Empresa, María Isabel López Aragón, tras su aprobación este jueves en el Consejo de Ministros.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, López Aragón ha dado a conocer detalles la nueva norma elaborada por el Ejecutivo autonómico y ha hecho especial hincapié en asegurar que esta nueva norma "no supone relajar la fiscalización ni debilitar las garantías. La administración seguirá ejerciendo sus funciones de verificación y control".

La nueva ley "unifica y actualiza todas las iniciativas de simplificación de la última década, creando un marco único más claro y eficaz", ha afirmado, tras lo que ha defendido que "simplificar es reconocer que la tecnología, la interoperabilidad entre organismos y la colaboración con entidades certificadoras permiten nuevas formas de gestionar más ágiles y más eficientes".

En este sentido, la norma introduce la posibilidad de trabajar con entidades colaboradoras de certificación privada, especialmente en ámbitos como el urbanismo o la industria, "dejando a la Administración la función de control y verificación", ha explicado López Aragón.

Además, se amplía el número de actividades a iniciar mediante declaración responsable, lo que, según López Aragón, permitirá a las empresas empezar a operar sin esperas, realizando la Administración los controles a posteriori.

"Hasta ahora solo los comercios minoristas ubicados en locales con una superficie útil de exposición y venta de menos de 300 metros podían iniciar su actividad con una declaración responsable. Esto se amplía a los comercios de hasta 1000 m2", ha indicado

Asimismo, ha destacado otra de las novedades de la nueva ley: 'la declaración responsable sustitutiva' como medio de acreditar el cumplimiento de requisitos sin necesidad de aportar documentos."Esta herramienta, unida a la carpeta empresarial, va a suponer que los ciudadanos de la Región de Murcia dejen de presentar más de 1.000.000 de documentos a la Administración", ha asegurado la consejera, quien ha precisado que esto supondrá un ahorro de 6 millones de euros en tiempo y gestiones.

Otra medida es la simultaneidad de informes, facilitando que todos los necesarios en un procedimiento se emitan al mismo tiempo, en lugar de en cadena, lo que reduce drásticamente los plazos.

El texto aprobado esta mañana también incluye la figura de las entidades o técnicos colaboradores de certificación, que podrán verificar y certificar requisitos legalmente exigidos. Entre las novedades también se encuentra una nueva licencia básica en urbanismo, que junto con la simplificación de trámites ambientales y patrimoniales acelerará la construcción de vivienda y atraerá inversiones.

Además, existirá la compensación de cargas administrativas en el ámbito autonómico, que permite que si se impone una nueva obligación para las empresas se elimine otra de coste equivalente, “asegurando que no aumente el peso burocrático”, según destacó la consejera.

Otra novedad en el ámbito urbanístico que incluye la nueva norma es una nueva licencia básica, previa a la urbanística, que "supone un pronunciamiento sobre la viabilidad del proyecto e incluso posibilita el inicio de la fase cero de estas obras, con todas las garantías legales y medioambientales", ha destacado la consejera.

En el ámbito del turismo, la nueva ley prevé la compatibilidad del uso hotelero en los suelos residenciales, "lo que va a facilitar inversiones en el sector", según López Aragón, quien ha asegurado que también se establece que, "si en algún momento se impone una nueva carga administrativa a las empresas, se eliminará otra de coste equivalente. El peso burocrático no va a aumentar".

En la confección de esta nueva ley, pactada con la patronal, se han eliminado más de 30 normas obsoletas, han comentado la consejera, quien ha insistido en que "la simplificación no supone ni significa menos control ni menos garantías".

"De hecho, contempla sanciones que pueden llegar hasta 600.000 euros en el caso de faltas muy graves vinculadas a las entidades colaboradoras de certificación y de hasta 300.000 euros en el de declaraciones responsables y comunicaciones previas", ha explicado.

El texto, que refunde las tres normas previas de simplificación adoptadas desde 2014, deberá ser convalidado por la Asamblea Regional. Si no se produce este extremo, la nueva ley deberá tramitarse en sede parlamentaria como proyecto de ley, donde los grupos podrán presentar alegaciones.

Sobre este último caso, la consejera ha aclarado que, en cualquier caso, la nueva norma "entra en vigor desde el momento de su publicación, si se convalida perfecto, y si se continúa como proyecto de ley, también sigue estando en vigor".