MURCIA. Siete de cada diez empresas de la Región han tenido que modificar su estructura de costes, procesos internos o red de proveedores para poder hacer frente al impuesto al plástico de un solo uso. Además, el 52 % de las compañías no puede repercutir el sobrecoste al cliente final y lo asume directamente, con el consiguiente impacto en sus márgenes y en su capacidad de inversión. El informe señala también que un 11 % de las empresas soporta sobrecostes superiores a los 100.000 euros anuales, mientras que más del 60 % considera elevada o muy elevada la carga administrativa asociada al cumplimiento de esta obligación fiscal.

Así lo indica el informe “Impacto empresarial del Impuesto al Plástico de un solo uso en la Región de Murcia”, un estudio elaborado por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) con la financiación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) que analiza los efectos económicos, administrativos y competitivos de esta medida sobre las empresas de la Región.

El informe se basa en una encuesta realizada a más de 100 empresas murcianas, principalmente de los sectores agroalimentario e industrial, que concentran un uso intensivo de envases y embalajes. Los resultados evidencian un impacto generalizado, con especial incidencia en pymes y empresas exportadoras.

En cuanto a la eficacia ambiental, el estudio constata que el 74 % de las empresas no ha logrado reducir el uso de plástico de un solo uso, principalmente por limitaciones técnicas, el mayor coste de los materiales alternativos y la falta de soluciones viables para determinados productos, una situación que afecta de forma especial al sector agroalimentario. En este contexto, siete de cada diez empresas dudan de que el impuesto esté contribuyendo de manera efectiva a la economía circular.

El informe pone también de relieve la escasez de medidas de apoyo, ya que solo el 3 % de las compañías ha recibido ayudas o asesoramiento público, lo que dificulta la adaptación a alternativas más sostenibles y aumenta el esfuerzo económico que deben asumir las empresas.

Desde CROEM se advierte, además, de que España es actualmente el único país de la Unión Europea que aplica un impuesto estatal de estas características, lo que sitúa a las empresas murcianas en una clara desventaja competitiva frente a sus competidores internacionales.

Por ello, la organización empresarial hace un llamamiento a las administraciones públicas para que la fiscalidad ambiental se alinee con la del entorno europeo y vaya acompañada de incentivos económicos, simplificación administrativa y apoyo técnico, con el fin de evitar que este tipo de medidas mermen la competitividad empresarial y limiten el desarrollo económico y social de la Región de Murcia.