CARTAGENA (MP/EFE). Undécima jornada de comparecencias en la Asamblea Regional sobre la posible reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos se ha reunido este lunes en una doble sesión.
El primero en comparecer ha sido Pedro Fernández Molina, en representación del colectivo Agroingenieros del Mar Menor. El ingeniero agrónomo ha explicado que "la actual Ley no aborda el principal factor de degradación de la laguna, como son las aguas residuales".
En su opinión, recogida por fuentes parlamentarias, resulta clave para la protección y la recuperación del Mar Menor que la posible modificación de la Ley incluya artículos que mejoren las actividades de depuración, saneamiento y centros de impulsión". Ha incidido en la elevada exigencia técnica de los capítulos V y VI de la actual Ley y ha detallado los artículos que considera susceptibles de ser modificados por ser "imprecisos, sin rigor y sin ventajas a la mejoría del Mar Menor".
Para Fernández Molina "existen más elementos de consenso entre las distintas fuerzas políticas, científicos y técnicos de lo que parece" y considera "imprescindible que todos trabajemos desde la voluntad de servicio e interés general, por una única prioridad: la protección del Mar Menor".
Piden un régimen económico y sancionador
A continuación, ha comparecido el director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas Calvo-Rubio, quien propone una reorganización del texto de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor, que incluya una mención expresa a un "régimen económico y sancionador explícito y unificado".
Esta reorganización se basaría en distintas piezas normativas. Así, contaría con una ley propiamente dicha, "mucho más reducida y centrada en los aspectos y objetivos esenciales", un reglamento de desarrollo con detalles de procedimiento y contenidos, así como un plan de actuación, que sería un programa de medidas para ejecutar, “con previsiones y compromisos de agentes ejecutores, responsabilidades y valoraciones económicas”.
Cabezas ha señalado que "muchos problemas relacionados con las aguas subterráneas, su agotamiento y degradación, por ejemplo por nitratos, se dan también en otras áreas como el Guadalentín, y es razonable que todo quede amparado bajo una misma exigencia de protección".
Asimismo, ha incidido en la "inexcusable necesidad de unir voluntades entre Administraciones en torno a un objetivo compartido y una percepción común". Para ello, ha abogado por "favorecer el necesario clima de entendimiento y voluntad común, sin el que los mecanismos de participación y concurrencia que la propia Ley ha dispuesto serán ineficaces".
