MURCIA (EP/EFE). Hechos lamentables. Así califica el Gobierno regional lo ocurrido este lunes en Lorca, cuando un grupo de unos 30 manifestantes ha irrumpido en el Pleno lorquino, saltándose el cordón de seguridad, en protesta por la moción del Gobierno local (formada por PSOE y Cs) para modificar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). La sesión plenaria tuvo que ser suspendida, ya que el grupo ha entrado en las dependencias del Consistorio justo en los minutos previos a la celebración del debate. El Ejecutivo murciano ha condenado los hechos y la oposición regional ha calificado el asalto como un "ataque a la democracia". El propio alcalde del municipio, el socialista Diego José Mateos, lo ha comparado con los incidentes acaecidos en Washington hace un año, cuando una oleada de seguidores de Donald Trump tomó el Capitolio.
Los matones de la patronal de las macrogranjas buscando a los concejales de la izquierda, agrediendo a policías y amenazando con quemar el Ayuntamiento de #Lorca
— Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) January 31, 2022
¿Cómo puede ser que ante la gravedad de estos hechos el presidente @LopezMirasF siga callado? pic.twitter.com/Ieb5DQDdbh
La mañana en Lorca ha estado marcada por las manifestaciones. Unos 700 ganaderos han tomado las calles en señal de protesta, porque consideran que la medida del Consistorio lorquino supondría "detener la implantación de nuevos cebaderos o la ampliación de los que ya hay existentes", según señaló a Europa Press el presidente de Adespo Lorca, Paco Román.
Los ganaderos, cuya protesta en las calles -que no en el Ayuntamiento- fue respaldada por PP y Vox, se oponen a que las futuras granjas de cerdos que se ubiquen en el término municipal de Lorca, tal y como recoge el plan del Gobierno, "no puedan estar a una distancia de 1.500 metros de los núcleos urbanos, ni a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas y a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas". La modificación del PGOU también prevé que la ampliación de las ya existentes no puedan estar a menos de 1.000 metros de los núcleos de población.
Burlaron el cordón policial
El pleno que iba a votar el cambio de norma estaba previsto que se celebrara en el Centro de Desarrollo Local (dependiente del Ayuntamiento). Pero unos treinta manifestantes burlaron la seguridad policial, subieron por las escaleras hasta la cuarta planta y lanzaron gritos y amenazas contra el equipo de Gobierno a la vez que advertían de que iban a quemar el edificio, según informa la Agencia Efe. Los manifestantes, de hecho, llegaron hasta la puerta del despacho en el que el alcalde, Diego José Mateos, el concejal de Urbanismo y representantes del sector ganadero se reunían para tratar de desbloquear la crisis, según detalla la citada agencia.
Mateos, que asegura que siente "desconcierto", sostiene que la normativa afecta a las instalaciones nuevas o ampliaciones de existentes, "pero no a las cerca de 700 que operan en el término municipal". Por eso, dijo, "a las granjas existentes legales no les afecta, a ninguna, y es una medida de regulación de un sector de cara al futuro". En su opinión, "no se ha explicado bien o algunos se han dedicado en los últimos días a intoxicar, desinformar y enervar a la gente para que, por desconocimiento, exigieran cosas".
Luengo culpa al Ayuntamiento de "romper el consenso"
Por la tarde, el Gobierno regional ha reaccionado con un comunicado en el que "lamenta y condena los actos sucedidos en la mañana de hoy en Lorca". El Ejecutivo que preside Fernando López Miras, asimismo, hace un llamamiento al diálogo y el entendimiento. "La actitud de unos pocos no define ni puede representar a la de todo un sector que se manifestaba pacíficamente. Este tipo de actitudes no tienen cabida en la sociedad actual por lo que reprobamos lo ocurrido en el día de hoy", recalca.
No obstante, el Gobierno regional también lanza una pulla al Consistorio lorquino, a quien culpa de "romper" el consenso. "En relación a la modificación propuesta por el Ayuntamiento, la Consejería [de Ganadería] lamenta que se haya roto el consenso adoptado con el sector la regulación de la ganadería, ya que toda medida de alcance que se tome debe contar con el consenso necesario por la relevancia y repercusión que tiene", critica.
El consejero de Ganadería y Medio Ambiente, Antonio Luengo, compareció para dar su versión de los hechos en rueda de prensa. "Unos cuantos violentos bajo ningún concepto representan a la mayoría de ganaderos de la Región", declaró. "No podemos permitir que actuación de unos pocos manche a un sector y tampoco podemos permitir que se altere el funcionamiento democrático de una institución como es el Ayuntamiento", censuró. Y añadió, dejando clara su condena: "Bajo ningún concepto podemos justificar ningún tipo de actitud".
Luengo también reclamó que el Ayuntamiento y el sector que trabajen en una mesa "de forma sosegada, educada y racional" y que se pongan encima de la mesa los distintos puntos de vista para llevar a cabo una normativa "que no condene una actividad como la ganadera". Y subrayó: "Había un acuerdo, no entendemos por qué no se ha respetado", por lo que, añadió, pidió que se trabaje para alcanzar el consenso. "Una normativa de tal caldo no se pude adoptar sin consenso y a espaldas de un sector afectado", avisó.
