CARTAGENA. La tensión entre los sindicatos de funcionarios municipales y la administración municipal se ha vuelto a manifestar después de que un juez diera la razón al Ayuntamiento cuando decidió suspender la renovación de las condiciones laborales que había firmado meses antes. Los representantes de los cerca de 1.300 trabajadores municipales recibieron un importante retroceso tras la determinación judicial, pero seguidamente decidían recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia. Manifestaban no "estar de acuerdo con el resultado de la sentencia, porque no hubo negociación antes de la suspensión del acuerdo de condiciones y convenio colectivo, solo hubo una dación de cuentas sobre un acuerdo previamente tomado por el equipo de gobierno".

El Ayuntamiento ha tendido la mano a los funcionarios y afirman que la mesa general de negociación -en la que están representados la concejalía de Personal y la Junta de Personal tiene "muchos asuntos" encima de la mesa.

Explican que el equipo de gobierno está haciendo un balance en octubre y noviembre de cómo ha ido el balance presupuestario "y ver qué compromisos podemos adquirir en base al contexto", aseguraba la alcaldesa Noelia Arroyo.

Apostilló la representante municipal que son muchas la medidas que "aplicaremos en 2023 con respecto al Personal, que es uno de los capítulos que más subida van a experimentar". A su vez, reiteraba que la mesa "sigue abierta al diálogo" para toda la negociación "que nos comprometimos", a la vez que apuntaba, sobre todo, a la actualización de los puestos de Trabajo, tras recordar que está 20 años sin actualiza, para poder "adaptarla a las circunstancias y al contexto actual".

La carrera administrativa, la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o la promoción en igualdad, son algunas de las reivindicaciones incluidas en los programas de los sindicatos en defensa de los derechos del personal municipal.