La Oficina de Gobierno Municipal considera ajustada al Reglamento Orgánico la actual estructura del Gobierno de Cartagena, formada por trece áreas, aunque cuatro de sus titulares no formen parte de la Junta de Gobierno Local en un informe jurídico, firmado el 8 de mayo por la directora de la Oficina de Gobierno Municipal. La letrada sostiene que no existe obligación legal ni reglamentaria de que el número de áreas de Gobierno coincida con el número de miembros de la Junta de Gobierno Local. Recuerda la letrada que la alcaldesa tiene atribuida la potestad de determinar el número, denominación y competencias de las áreas de Gobierno.

El documento concluye que la organización actual del Gobierno municipal se ajusta al Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cartagena. La razón principal es que corresponde a la alcaldesa nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, con el límite legal de un tercio del número de concejales del Pleno, además de la alcaldesa.

El informe responde a una solicitud presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Isaac Peral sobre la situación jurídica, funcional y retributiva de los concejales afectados por los últimos cambios en el Ejecutivo local.

En el caso de Cartagena, el Pleno está formado por 27 concejales, por lo que la Junta de Gobierno puede tener un máximo de nueve miembros más la alcaldesa. El informe recuerda que ese límite está recogido en la Ley de Bases de Régimen Local y en el propio Reglamento Orgánico municipal.

La actual estructura municipal cuenta con trece áreas, de las que son titulares la alcaldesa y doce concejales. Cuatro de esos concejales han dejado de formar parte de la Junta de Gobierno, aunque conservan las delegaciones de área que les fueron conferidas cuando sí eran miembros de ese órgano.

El informe precisa que esos concejales fueron nombrados como titulares de área y recibieron sus funciones cuando formaban parte de la Junta de Gobierno, por lo que cumplieron el artículo 16 del Reglamento Orgánico. También señala que no hay ningún precepto que obligue a retirarles las delegaciones de área por haber dejado de ser miembros de la Junta.

Los cambios analizados se produjeron tras la salida de dos concejales del Grupo Municipal Vox. La alcaldesa dictó varios decretos entre marzo y abril, entre ellos el cese y nombramiento del primer teniente de alcalde, la modificación de áreas de Gobierno, la modificación de miembros de la Junta de Gobierno Local y la aceptación de la renuncia de Beatriz Sánchez del Álamo como miembro de la Junta.

El informe añade que, tras esa renuncia, se delegó en el segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, la firma y elevación a la Junta de Gobierno de las propuestas formuladas por concejales delegados de área que no forman parte de la Junta.

El PSOE acusa a Arroyo de ocultar el informe jurídico

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Torres, ha acusado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, de ocultar el supuesto informe jurídico que avala la reorganización del Gobierno municipal.

El portavoz socialista considera además “muy grave” que el Gobierno municipal siga ocultando ese informe a los grupos de la oposición pese a haber sido solicitado formalmente.

“Es increíble escuchar a Jáudenes hablar de transparencia y de legalidad cuando el único grupo que ha visto el informe es el Partido Popular. Nosotros lo hemos pedido y siguen negándose a remitirlo mientras lo utilizan para atacar políticamente a la oposición”, ha señalado.

Torres ha vuelto a denunciar que toda esta reorganización responde exclusivamente a “una operación política para mantener artificialmente un Gobierno roto y en descomposición” mediante el reparto de áreas, competencias y estructura municipal “para contentar a concejales de su propio Gobierno”.

Pero además es llamativo que los argumentos que explica el Gobierno municipal no contradice absolutamente nada de lo denunciado por los vecinos y los distintos grupos municipales.

Igualmente es curioso que el supuesto informe al que ahora se aferra el Partido Popular tiene fecha 8 de mayo, es decir, posterior a las declaraciones públicas de la propia alcaldesa asegurando que ya contaba con ese aval jurídico.

“Arroyo dijo públicamente que los cambios en el Gobierno municipal ya tenían informe jurídico. Hoy sabemos que el documento que utiliza el PP está fechado el 8 de mayo. Es decir, cuando aseguró que ese informe existía, todavía no estaba emitido”, ha denunciado Torres.

El dirigente socialista ha recordado además que “no es la primera vez que decisiones relacionadas con la organización del Gobierno municipal son cuestionadas judicialmente y los  criterios municipales resultan tumbados por los tribunales”.
 

“Ya existe una sentencia relacionada con decisiones adoptadas durante la pasada legislatura sobre la composición y funcionamiento del Gobierno municipal. Por eso preocupa especialmente que vuelvan a producirse reorganizaciones hechas a medida para garantizar equilibrios internos y salvar un Gobierno que hace tiempo perdió el rumbo”, ha advertido.

Por ello, el portavoz socialista ha anunciado que el PSOE se reserva la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa si el Gobierno municipal continúa ocultando documentación e información a la oposición.
“Mientras Cartagena sigue perdiendo oportunidades y acumulando problemas, Arroyo está centrada en mantener unido un Gobierno roto mediante repartos internos y maniobras políticas. Y todo eso lo pagan los cartageneros”, ha concluido.