Este jueves junto al edificio administrativo del Ayuntamiento de Cartagena más de 400 personas -trabajadores, residentes y familias- del camping La Manga (Villas Caravaning) se congregaron con un mensaje tan básico como urgente: "Queremos volver a trabajar".

Desde que el pasado 26 de mayo se decretara el cierre total del Camping Caravaning La Manga, la vida de decenas de familias ha quedado en suspenso. Tras semanas de incertidumbre, los propietarios han querido dar un paso al frente con propuestas concretas y documentadas para lograr una reapertura parcial que permita reactivar al menos una parte del complejo.

Según explican desde la dirección del camping, la situación actual es insostenible. “Hemos actuado con responsabilidad y seriedad desde el primer momento. No hemos parado ni un solo día. Lo que pedimos no es un favor, es una salida justa y legal que permita a nuestros equipos volver a trabajar”, ha explicado Ana Pérez, directora del camping.

Y es que la propuesta ya está sobre la mesa del Ayuntamiento desde el pasado 19 de junio. La solicitud incluye la reapertura del 20 % de las instalaciones -en concreto, los sectores I, J, K y L-, zonas seguras, sin parcelas privadas y perfectamente habilitadas para retomar la actividad con normalidad. Además, ya se ha completado el Plan de Autoprotección, elaborado con técnicos especializados y ajustado a los requerimientos normativos. También se ha iniciado el Plan Especial, con el asesoramiento del despacho de urbanismo AAUP y en coordinación con los servicios municipales.

Todo ello, con un objetivo muy concreto: permitir que los trabajadores regresen a sus puestos, que el camping vuelva a respirar y que se puedan afrontar pagos urgentes, como las facturas de agua, que ya superan los 200.000 euros.

Pero desde entonces -y a pesar de la documentación entregada- no ha habido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento, afirman. Un 'silencio administrativo' que, según denuncian los propietarios, ahoga a las 90 familias que dependen directamente del camping y deja en pausa a cientos de proveedores, empresas locales y autónomos vinculados a su funcionamiento.

“Este lugar es más que un negocio. Es el sustento y el orgullo de muchas personas. No se puede dejar a toda una comunidad sin respuestas”, lamenta Ana Pérez.

La petición, aseguran, no busca ningún trato de favor. “Solo pedimos sentido común. Lo justo. Lo viable. Lo humano.”

Con el verano ya avanzado, cada día perdido es una oportunidad menos, y cada silencio, una herida más profunda para quienes solo reclaman algo tan básico como eso: poder trabajar.