La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento "no va a cesar, ni a parar" en la defensa de los vecinos afectados por la Ley de Costas. En un encuentro celebrado en Cabo de Palos, donde el Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado el derribo de varias viviendas tradicionales, Arroyo denunció la “prisa” del Gobierno central por ejecutar actuaciones “que arruinan la vida de familias” que cuentan con viviendas consolidadas desde hace décadas.
“La amenaza es constante. Muchas de estas casas son hogares consolidados e incluso negocios que forman parte de la vida del litoral cartagenero, desde Cabo de Palos hasta Los Nietos o El Portús”, señaló la alcaldesa. “Lo que pedimos es una reforma de la Ley de Costas que dé seguridad jurídica a los propietarios y termine con decisiones arbitrarias que pueden dejar a las familias sin casa de un día para otro”.
Junto a Arroyo estuvieron presentes el diputado del Partido Popular, Juan Luis Pedreño, y el consejero de Fomento del Gobierno regional, Jorge García Montoro, así como vecinos y representantes políticos, entre ellos el senador Francisco Bernabé.
Pedreño recordó que el pasado martes, 10 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó -con amplia mayoría y pese al voto en contra de PSOE y Sumar- una proposición de ley presentada por el PP para reformar la Ley de Costas, iniciativa que ya había sido impulsada desde la Asamblea Regional y el Senado. “El Gobierno está bloqueando desde hace casi un año la tramitación de la reforma. Mientras tanto, cada semana que se pierde es una semana en la que se siguen derribando casas”, denunció el senador, quien insistió en que el nuevo texto legal cuenta con el respaldo de formaciones tan diversas como Esquerra Republicana, Junts, el PNV o Vox.
El vecino José Antonio Luque, anfitrión del acto celebrado en su vivienda en primera línea de playa, agradeció el apoyo institucional, pero sobre todo quiso subrayar que los residentes afectados “no somos okupas, sino propietarios legales desde antes de que existiera la Ley de Costas”. Luque reivindicó el valor histórico y humano de estas casas y pidió que se dirijan los esfuerzos legales contra las grandes actuaciones ilegales, “y no contra las casas sencillas de toda la vida”.
Por su parte, el consejero Jorge García Montoro calificó de “injustificada” la estrategia del Ministerio y detalló que, en el caso concreto de Cabo de Palos, se prevé el derribo de 20 viviendas y la afección de un tramo de 300 metros de línea de costa. Defendió que muchas de estas edificaciones “protegen incluso la propia playa” y forman parte del paisaje tradicional de la Región de Murcia. “No tienen justificación ni técnica ni jurídica. Son casas levantadas con esfuerzo por generaciones, y no se entiende que ahora tengan que desaparecer”, declaró. La Consejería, añadió, ya ha emitido informes que sostienen esta posición y reiteró el respaldo del Gobierno regional a los afectados.
