Navantia ha puesto en marcha un contrato de servicios de ingeniería para ordenar, actualizar y legalizar buena parte de sus instalaciones en la dársena de Cartagena, una actuación que combina modernización técnica, adaptación normativa y refuerzo de la capacidad energética del astillero.
El alcance del proyecto no se limita a una única intervención, sino que agrupa múltiples actuaciones clave para el funcionamiento industrial de la factoría, desde nuevas infraestructuras eléctricas hasta sistemas de respaldo energético o adaptación de instalaciones existentes a la normativa vigente.
Refuerzo eléctrico y aumento de potencia
Uno de los ejes principales es el aumento de capacidad energética. El plan contempla la ampliación de varios centros de transformación, pasando de 630 a 800 kVA, con el objetivo de responder al incremento de demanda eléctrica y garantizar la continuidad del suministro en procesos industriales críticos.
A esto se suma la actualización de la red de media tensión entre centros de transformación tras averías detectadas, incluyendo la sustitución de líneas y la revisión completa de protecciones y parámetros eléctricos.
El proyecto incluye también la instalación y legalización de varios grupos electrógenos de distintas potencias -hasta 900 kVA- distribuidos en diferentes áreas del astillero, desde talleres hasta zonas de mantenimiento o carenero. Su función: asegurar el suministro en caso de fallo de red o en operaciones críticas.
En paralelo, Navantia incorpora nuevas líneas vinculadas a la transición energética, como la instalación de cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos en distintas zonas de la dársena.
El contrato abarca además actuaciones específicas como la legalización de una cámara frigorífica para productos químicos, adaptada a la normativa de almacenamiento (APQ), o la instalación de nuevos depósitos de aire comprimido para mejorar el rendimiento de maquinaria industrial.
Todo ello implica no solo la ejecución técnica, sino también la tramitación administrativa completa: proyectos, certificados, tasas, inspecciones y registro oficial de cada instalación ante Industria.
El plazo fijado para la redacción de proyectos y su legalización es de seis semanas desde la adjudicación, lo que obliga a una planificación intensiva y a la coordinación de distintos perfiles técnicos especializados.
El contrato exige, además, personal cualificado con titulación técnica y habilitación profesional, reflejo del nivel de exigencia de unas actuaciones que afectan directamente a la operatividad del astillero.
Más que una obra concreta, el proyecto plantea una actualización global del sistema industrial de Navantia en Cartagena: regularizar lo que ya funciona, reforzar lo que se queda corto y preparar la infraestructura para nuevas necesidades energéticas y productivas.