Después de dos años de trabajo en esta legislatura, bajo la batuta de Diego Ortega, concejal de Urbanismo, la aprobación provisional —que no inicial— del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena es un auténtico espaldarazo para el Gobierno municipal, al ser considerada, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos que se planteaban no solo en esta legislatura, sino en los últimos 40 años, dado que el plan actual sigue vigente desde entonces.

Es por ello por lo que el Partido Popular ha querido encontrar el máximo consenso en este primer paso, tras resolver más de 1.600 alegaciones, mantener más de 80 reuniones con diferentes colectivos y atender todas las propuestas que los partidos políticos han presentado como enmiendas.

Una mayoría cualificada -el 73% de los concejales ha votado a favor- convierte el PGOU en un proyecto con respaldo transversal, aunque no unánime: un acuerdo amplio que reduce la fragilidad del plan en el tiempo y le otorga mayor legitimidad institucional, pero que sigue siendo fruto de decisiones políticas concretas y, por tanto, sujeto a crítica y vigilancia.

Se puede decir que el urbanismo es política en estado puro: define dónde se construye, qué se protege, qué modelo económico se impulsa y qué ciudad se quiere para las próximas décadas. Lo que sí demuestra ese 73% es que, en este caso, la política ha funcionado como herramienta de acuerdo y no como trinchera.

Hay, por tanto, que felicitar a los políticos municipales por ser capaces de reconocer, más allá de sus cuitas públicas o privadas, que el plan es un bien común que va más allá de ellos; que resuelve, de un plumazo, muchos problemas que se arrastraban en la edificabilidad y en la evolución natural de una urbe y que todos -políticos, vecinos y administraciones- exigían disipar.

Casi todos lo han visto así: como una oportunidad única, incluso como una ocasión favorable para introducir sus propuestas, pretensiones o líneas rojas; da igual el término, siempre que se logre un bien común.

Acertado ha estado Manolo Torres, portavoz del PSOE, en sus explicaciones para justificar su voto positivo: “Los socialistas somos serios y estamos aquí para defender los intereses de los cartageneros. Por eso hemos modificado el Plan, para mejorarlo, aunque no sea el nuestro, porque el nuestro habría sido mucho más sostenible, más verde, con más alternativas de movilidad y con una mayor ambición social y climática, pero también tenemos claro que Cartagena no puede pararse. No podemos seguir rigiéndonos por unas reglas pensadas para la Cartagena de hace 40 años que nada tiene que ver con la nuestra”, ha señalado.

Para Arroyo es la confirmación de lo que venía reclamando: consenso en los grandes asuntos de la ciudad. Tras esta aprobación y la de los Presupuestos, sale más fortalecida que nunca en el último tramo de la legislatura. No necesitaba al PSOE ni a Ruiz para sacarlo adelante, pero se empeñó en buscar un punto en común y, a la vista del resultado, lo ha logrado. “Aparcar las diferencias y coincidir en una visión de futuro para Cartagena es algo muy importante que, como se ha visto hoy aquí, no todos los políticos saben hacer. A veces, días como hoy marcan la diferencia y te ponen delante del espejo, marcan la coherencia política. Este, a mi juicio, no era el día de sectarismos ideológicos ni de intereses partidistas ni de egos: era día de consenso por el futuro de Cartagena”.

La exedil de MC Cartagena, ahora concejala no adscrita, María Dolores Ruiz, ha querido mantener una visión diametralmente opuesta a sus excompañeros, alejándose del no del partido cartagenerista: “Se nos ha dado la oportunidad de plantear modificaciones y propuestas para que el PGOU salga adelante y no podemos seguir anclados en 1987”, ha explicado la expresidenta de MC.

Por su parte, el portavoz de Vox Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha apostillado que se trata de un plan consensuado “en el que Vox ha contribuido a mejorar como parte del Gobierno de Cartagena. Sin el PGOU no hay desarrollo. El PGOU y su aprobación exigen altura política, algo que algunos no han demostrado aquí. Cuando hay que votar un instrumento como ese es donde se les ven las costuras (en referencia a MC). Gobernar no es afrontar ese aislamiento propio de los separatistas”.

Juan Pedro Torralba, de Sí Cartagena, pertenecía al grupo de concejales no adscritos que iniciaron en la anterior legislatura los primeros pasos de un nuevo plan urbanístico, aunque nada ha tenido que ver con su redacción ni parece estar plenamente de acuerdo con el resultado final; de ahí su abstención. “Nuestra posición es una abstención responsable, que no bloquea el desarrollo del municipio, pero que tampoco supone dar un respaldo pleno a un documento que aún puede mejorar”.

“Este es un acuerdo validado por el Partido Popular, Vox, el PSOE y la señora Ruiz, que también ha aprobado este plan general y, por tanto, se ha desmarcado del no para decir sí, libre, por amor a Cartagena”, ha querido espetar Arroyo al principal partido de la oposición. Y, como recordaba su concejal Diego Ortega, “este plan no es del Gobierno y oportunidades ha tenido MC para estudiarlo y proponer, pero, como se suele decir, que una buena explicación no te arruine el voto en contra; por sus actos los conoceréis”.

Entonces, ¿cuál ha sido el argumentario de MC para no respaldarlo? Giménez Gallo se ha quedado solo ante el peligro, junto a sus concejales, para decir no al nuevo ordenamiento urbanístico porque, según el portavoz, “no es un PGOU valiente ni es un PGOU necesario para la sanidad, los jóvenes o la ciudadanía; por eso creemos que el no es un voto útil. Que Vox diga que el plan está inspirado por ellos y que el PSOE diga que responde a la Agenda 2030 no es magia: son tus impuestos”, ha ironizado. “La realidad es que no lo saben ni ellos. Lo que sí sabemos es que hoy han avalado que el PP siga dictando el urbanismo y gestionando, para mal, el futuro de Cartagena”.

Con todo, el PGOU encara ahora su recorrido administrativo definitivo, pero políticamente ya ha dejado una fotografía difícil de obviar: una mayoría amplia dispuesta a asumir el desgaste y la responsabilidad de ordenar la Cartagena de las próximas décadas. Habrá críticas, recursos y ajustes, como en cualquier documento de esta envergadura, pero el mensaje que sale del pleno es claro: la ciudad no podía seguir anclada en 1987. A partir de ahora, el debate ya no será si había que aprobar un nuevo plan, sino cómo se ejecuta y quién cumple lo prometido. Porque el consenso lo ha hecho posible; la gestión dirá si estuvo a la altura de las expectativas.