La venta de la planta de Sabic en La Aljorra al fondo de inversión Mutares ha activado todas las alarmas en el Ayuntamiento y en el tejido industrial que depende del complejo. Más de 2.000 empleos directos e indirectos están en juego.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, reunió a los portavoces municipales y a representantes de las empresas auxiliares para escenificar una posición “firme y sin fisuras” en defensa de la continuidad de la actividad y del empleo. El Consistorio exigirá a las administraciones regional y estatal una respuesta coordinada ante la compañía. El mensaje es claro: la comarca no puede absorber de golpe la pérdida de 2.000 puestos de trabajo.

El impacto no se limita a la factoría. Las empresas auxiliares dependen de forma directa de la actividad principal. Si la producción se detiene, el efecto se multiplica: talleres, hostelería, comercio y servicios sentirían el golpe. Así lo advirtió Alfonso Martínez, delegado territorial de STR, que habló de una “situación muy grave” para miles de familias. La incertidumbre, subrayó, está pasando factura incluso a nivel psicológico.

El Ayuntamiento ha abierto un canal directo con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para ofrecer asesoramiento laboral y ha puesto en marcha apoyo psicológico para los trabajadores que lo necesiten. “Solo faltaría que a la pérdida de empleo se sumara la pérdida de salud”, apuntó José Antonio García, responsable de UGT Metal, quien pidió que el respaldo institucional no se diluya y que exista unidad política a todos los niveles.

Las movilizaciones y jornadas de paro ya han reducido la producción, pero los sindicatos insisten en que el objetivo es visibilizar el problema y ganar tiempo. Reclaman una prórroga de la actividad o, en su defecto, una reconversión que preserve el mayor número posible de empleos.

Desde CCOO, Enrique Bruna enmarcó la situación en un proceso clásico de desindustrialización. Recordó que la empresa lleva años reduciendo su actividad en Cartagena y que la venta a un fondo de inversión no genera confianza. La solución, defendió, no pasa solo por recolocar trabajadores, sino por un plan de reindustrialización real que atraiga nuevas plantas capaces de absorber el empleo excedente.

Arroyo, por su parte, confía en captar fondos europeos destinados a la reindustrialización y en impulsar el Plan Industrial regional, el desarrollo de suelo industrial y la consolidación del Valle de Escombreras como polo energético del futuro. La clave, coinciden todos, será actuar con rapidez. El tiempo juega en contra y la incertidumbre ya pesa sobre la comarca.