La Delegación de Costas en la Región analiza estos días, caso por caso, la situación de los chiringuitos que los hosteleros pretenden abrir este verano y que, en muchos casos, están a la espera de que la administración nacional suavice las condiciones y autorice algunas excepciones solicitadas por los empresarios. El Ayuntamiento de Cartagena ha enviado los planos de cada establecimiento, y es ahora Costas quien estudia caso por caso para encontrar una solución lo menos gravosa posible para los mismos.

Entre los obstáculos que enfrentan está la obligación de mantener una separación mínima de 50 metros entre los quioscos y las zonas de hamacas, y de 100 metros respecto a otras hamacas. Además, Costas prohíbe la instalación de almacenes anexos, obliga a situar los aseos a una distancia mínima de seis metros del resto de la instalación y limita o elimina zonas con sombra fija, terrazas y pasarelas. Estos cambios, introducidos sin la suficiente antelación, según los empresarios, están obstaculizando la planificación y puesta en marcha de los servicios de playa.

El concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, afirma que hay empresarios dispuestos a renunciar al contrato si se mantienen estas condiciones impuestas por Costas y recuerda que, en estos momentos, son muy pocos los que han decidido abrir -en La Azohía y La Gola-, a la espera del dictamen de Costas. Según López Pretel, las conversaciones se iniciaron en octubre con la delegación territorial y considera que pecaron “de lealtad institucional con Costas. Confiábamos en que habría predisposición para negociar”, pero luego se encontraron con la obligación de cumplir todos y cada uno de los requisitos impuestos, lo que ha ocasionado un importante impacto a la hora de poner en marcha los negocios en los arenales de Cartagena.

“Lo último que pretendemos es tensionar más el ambiente o iniciar cualquier conflicto con nadie. Solo queremos que esto se resuelva y salga adelante”, añadía el edil de Litoral del Ayuntamiento de Cartagena, quien subrayó que esta no es una situación que afecte únicamente a la costa cartagenera, sino que tanto Águilas como San Javier o Mazarrón están en una tesitura similar. “Creemos que si conseguimos algo de Costas, servirá como argumento para el resto de colectivos que se dedican a este negocio en las playas de la Región”, indicó el edil.