El Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena dictó una resolución el pasado 6 de abril, en respuesta a las denuncias presentadas por la Asociación de Vecinos del Sector Estación y la Plataforma de Suelos Contaminados, en la que ordena la investigación por parte de la Fiscalía de delitos medioambientales y de corrupción, así como al Seprona, del proceso de descontaminación de la parcela UA-1 de Los Mateos.

“Denunciamos que el proceso de descontaminación era una barbaridad desde que se puso en marcha y ahora el juzgado nos da la razón al ordenar a la fiscalía que investiguen. Este es otro ejemplo más del desgobierno que hay en Cartagena con Arroyo, que permite que se trate un suelo contaminado con absoluta negligencia y poniendo en riesgo la salud de los vecinos”, explica el portavoz municipal del PSOE de Cartagena, Manuel Torres.

En concreto, el juez ha pedido al Seprona la toma oficial de muestras con cadena de custodia; la remisión de las muestras a un laboratorio competente; y la  consignación en diligencias de la situación de prueba perecedera, entre otras.

“Pero la juez no se queda solo ahí y también pide que se dé traslado a los fiscales especialistas en delitos de Medio Ambiente y de Corrupción para que emitan un informe sobre la relevancia penal de los hechos denunciados. Este proyecto ha sido un absoluto despropósito desde el principio”, indica Torres.

Hay que recordar que el Gobierno local compró esta parcela siendo alcaldesa Noelia Arroyo, a sabiendas de que estaba contaminada y eximiendo a su propietario anterior de cualquier responsabilidad sobre la descontaminación por una rebaja del precio de 200.000 euros. La parcela se compró por 400.000 euros y la descontaminación está costando más de medio millón de euros “y está siendo un absoluto desastre, tal y como están corroborando los juzgados”, insiste Torres.

El tratamiento que se está dando a los residuos, así como el proceso de traslado de los mismos y la planta de tratamiento a la que se llevan son “inaceptables. Se trata de suelos contaminados que requieren un tratamiento mucho más técnico y seguro que el que ha ordenado el Ayuntamiento y así lo exigimos, al igual que han hecho los vecinos”, destaca Torres.