La Asociación Cartaginense ha presentado ante la Dirección General de Patrimonio Cultural una solicitud para modificar la declaración como Bien de Interés Cultural de la Batería de la Punta de la Podadera, reclamar un entorno de protección específico y blindar además el viejo Faro de la Podadera como “parte integrante” del conjunto defensivo.

Detrás del escrito hay bastante más que una cuestión técnica o patrimonial. Lo verdaderamente relevante aparece en uno de los párrafos incluidos en la petición y que, en realidad, amenaza con convertirse en una pesadilla para buena parte de los futuros desarrollos urbanísticos en altura junto a espacios protegidos de Cartagena.

La asociación deja por escrito que “al encontrarse la Batería sobre el monte de Galeras se establecen relaciones visuales con su entorno próximo que deben ser cuidadas para garantizar la conservación de los valores originales de la fortificación”. Una idea aparentemente inocente, pero que abre una puerta enorme: la protección no se limitaría ya únicamente al edificio o a la parcela concreta, sino también a todo aquello que pueda alterar la percepción visual del paisaje defensivo.

Traducido al lenguaje cartagenero: cualquier bloque, promoción o desarrollo urbanístico que rompa la silueta histórica no solo de este BIC sino del resto que salpican la ciudad, podría entrar en conflicto con Patrimonio. La tesis no sale de la nada. El propio escrito recuerda que la legislación estatal y regional obliga a delimitar entornos de protección en bienes BIC que durante décadas fueron protegidos casi de forma automática y sin desarrollar adecuadamente sus límites reales. 

Y ahí aparece otro elemento delicado: el Faro de la Podadera. Un lugar prácticamente desconocido para buena parte de la población pese a ser uno de los enclaves más simbólicos del sistema defensivo y marítimo de la ciudad. El informe histórico aportado por la asociación recuerda que el faro original fue el primero proyectado en la costa murciana tras el Real Decreto de Alumbrado Marítimo de 1847 y que entró en funcionamiento en 1856.

La historia del enclave parece sacada de una novela militar del XIX. El primer faro quedó atrapado entre las nuevas baterías defensivas, sufrió daños por los cañonazos y terminó siendo trasladado unos metros más arriba para no interferir con las fortificaciones militares. Incluso durante la insurrección cantonal permaneció apagado por motivos de seguridad militar.

El problema es que, pese a todo ese valor histórico, el faro apenas cuenta actualmente con una protección de grado 3 dentro del nuevo Plan General, algo que la asociación considera claramente insuficiente. Y aquí aparece la sospecha que sobrevuela desde hace años muchos debates urbanísticos en Cartagena: proteger de verdad el entorno de determinados BIC implica limitar muchísimo más de lo que algunos están dispuestos a aceptar.