La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha cargado con dureza contra el inicio de la tramitación de procesos para la regularización de inmigrantes, al considerar que está generando un fuerte impacto en los servicios municipales y una presión “inasumible” para los recursos locales.

Arroyo ha recordado que los ayuntamientos “no son competentes en esta materia”, aunque sí están obligados a emitir los informes de vulnerabilidad, lo que está provocando un incremento repentino de la demanda. “Estamos preocupados, como habíamos advertido, por el colapso de nuestros servicios sociales”, ha señalado.

La regidora ha descrito una situación de saturación desde primeras horas del día: “Desde las seis de la mañana tenemos colas en La Milagrosa”, en referencia al barrio cartagenero donde se centraliza parte de la atención social. Ante este escenario, el Ayuntamiento ha optado por reforzar el servicio ampliando el horario. “No solamente en horario de mañana, sino también por la tarde, cuatro horas más, de cuatro a ocho, con nuestros profesionales trabajando para atender la demanda”, ha explicado.

Críticas a la falta de coordinación y previsión

La alcaldesa ha denunciado que el procedimiento se ha puesto en marcha “sin unificar criterios, sin indicaciones claras y sin responsabilidad”, lo que está obligando a los trabajadores municipales a realizar un “esfuerzo ímprobo” para gestionar los expedientes y orientar a los solicitantes.

Uno de los principales reproches es la falta de información sobre el alcance real de la medida. “No sabemos ni siquiera el volumen de afectados que podemos tener”, ha afirmado, subrayando que esta incertidumbre impide planificar adecuadamente los recursos necesarios.

En este sentido, Arroyo ha calificado la iniciativa como una “medida irresponsable”, al considerar que no se han evaluado sus consecuencias en ámbitos clave como la educación, la vivienda o los servicios públicos municipales.

Impacto directo en la atención municipal

Según ha detallado, solo en la jornada de este lunes estaba previsto atender a unas 200 personas, lo que se suma al volumen habitual de trabajo de los servicios sociales. “Una vez más, es la Administración local la que tiene que gestionarlo y destinar los recursos de todos los cartageneros”, ha lamentado.

El refuerzo de personal y horario se mantendrá, al menos, durante toda la semana, mientras el Ayuntamiento evalúa la evolución de la demanda.

Advertencia sobre el "efecto llamada"

Arroyo también ha advertido de que este tipo de medidas pueden generar un “efecto llamada a las mafias”, al trasladar la idea de que la regularización será generalizada. Frente a ello, ha defendido un modelo de inmigración “regular y vinculada al empleo”, pero con procedimientos “rigurosos, responsables y bien planificados”.

La alcaldesa ha insistido en que la tramitación debería haberse realizado con mayor coordinación institucional y mediante un proceso parlamentario que garantizase claridad normativa y seguridad jurídica, evitando así la sobrecarga que, según denuncia, están sufriendo ahora los servicios municipales de Cartagena.