Es muy habitual -al menos así se ha convertido desde hace unos años- que a las puertas del Palacio Consistorial se congreguen, el día del Pleno Ordinario -una vez al mes-, grupos de asociaciones y colectivos para mostrar públicamente sus protestas y/o reivindicaciones, cuando los políticos de la Corporación Municipal se reúnen, para hacerse escuchar por los representantes elegidos por los ciudadanos. Pero también se ha convertido en habitual que, para algunas reclamaciones que van a ser debatidas durante la sesión de ese mes, los partidos políticos -principalmente desde la oposición- inviten a vecinos y asociaciones al Palacio Consistorial para que puedan asistir en directo a cómo se plantea el problema y qué tipo de soluciones son capaces de proponer los partidos que gobiernan.

Creo, sinceramente, que es un ejercicio de salud democrática que los vecinos y vecinas de la Comarca de Cartagena puedan presenciar in situ debates como los que protagonizan sus políticos cada mes, siempre y cuando se tenga un poco de tiempo para ello. Es conveniente saber qué pasa y cómo lo afrontan aquellos que velan por la vida de la ciudad, pero hay que tener mucho cuidado con no convertir esta “invitación” en una entrada para vender proclamas para uno u otro bando.

Cada día que pasa estoy más convencido de que ser político y estar en la oposición -me da igual de qué color y a qué administración se represente- es un trabajo en el que el populismo encuentra un maravilloso caldo de cultivo, y no son pocos los que se apuntan para que sus conciudadanos les den una palmadita en la espalda -física o virtual-.

En el Pleno de este mes lo hemos podido ver por partida doble. A primera hora de la mañana asistieron algunos propietarios de quioscos afectados por la nueva ordenanza. Después de varios años estudiándola, el equipo de Gobierno ha encontrado la “fórmula” más o menos adecuada para aprobarla aunque, curiosamente, nadie de la oposición, a excepción de la concejal no adscrita María Dolores Ruiz, que se abstuvo, ha votado a favor. Tanto tiempo esperando una modificación tan interesante como necesaria, pero nadie la vio apropiada. Para explicarlo mejor: la fórmula es la de la crítica al Gobierno municipal mirando al tendido, es decir, a aquellos que han acudido al Pleno y que escuchan que sus dirigentes no les han atendido ni oído. A pesar de haber sido aprobada, esta ordenanza nace a espaldas de la ciudadanía. Entonces, ¿son los partidos el altavoz de los ciudadanos o son los ciudadanos los que opinan así porque tal o cual partido se lo dice?

Por otro lado, unos vecinos de Los Belones asistieron para saber qué iba a ocurrir con una planta fotovoltaica que ha iniciado sus obras -ahora paralizadas por incumplir los trámites urbanísticos-. Diego Ortega, concejal de Urbanismo, adujo otras razones por las que se ha interrumpido la obra, que nada tienen que ver con las que planteaban los socialistas. Alegó la legalidad del proyecto para no poder desecharlo y añadía: “Tengo delegadas las competencias de Urbanismo y soy el único, al menos por ahora, que puede ir al juzgado en un procedimiento penal si la empresa cree que estoy perturbando sus intereses económicos en la zona. Lo entiendo y lo llevo en el cargo”. Y añadía: “Pero yo no puedo alentar a la gente a hacer ciertas cosas que no son legales”.

Visto como lo explica Ortega, parece una explicación fácil de entender aunque, y vuelvo al principio, si te encuentras al otro lado de la bancada, puedes hacer algo de populismo: “Usted no es el que ha paralizado la obra, son los vecinos”, decía la edil socialista Isa Andreu, “los que con sus movilizaciones lo han hecho, no usted, que se ha presentado allí esta misma semana”.

Si bien a Andreu no le falta parte de razón, porque la insistencia vecinal ha hecho que Ortega se persone allí y detecte ciertas irregularidades que han supuesto una suspensión cautelar, la cuestión se supedita a si servimos a los ciudadanos o nos servimos de ellos en estos espectáculos que suponen una mezcla, al alimón, de drama y comedia fifty-fifty. Es una mezcla forzada: el drama pone gravedad y conflicto real, y la comedia impostada intenta aligerarlo, pero sin verdad. El resultado suele chirriar.

La disculpa de Diego Ortega y el teatrillo de los Plenos

La concejal no adscrita llevó una moción, posteriormente corregida, en la que preguntaba qué fue de aquel informe que el Ayuntamiento debía haber solicitado a la Comunidad Autónoma el pasado año: un informe técnico de seguridad del Hospital General Universitario Santa Lucía. El concejal del Gobierno, Diego Ortega, pidió disculpas -algo poco habitual hoy en día-, asumió como propio el error y no tuvo reparos en poner su nombre para disculparse, independientemente de quién debiera haberlo solicitado. Aunque es algo que todos agradecemos, lo que sí queda claro, como bien dijo posteriormente Ruiz, es que con estas situaciones se hace un flaco favor a la profesión de político o política: “Damos la sensación de que estamos haciendo un teatrillo y de que los Plenos no sirven para nada”, añadía.

Algo más a destacar, al menos de lo que escuché y vi ayer en el Pleno, es una frase del concejal portavoz de Vox Cartagena. Respondía a una moción del PSOE referente a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que recoge la retirada de honores incompatibles con los valores democráticos. Cartagena cuenta entre sus Medallas de Oro con nombres como el del dictador Francisco Franco o el del almirante Bastarreche.

López Pretel, en la moción sobre el reglamento de honores y distinciones, dijo a los socialistas que no pueden “escudarse en el cumplimiento de la ley para hacer una revisión de la historia de España”. La ley, dependiendo de lo que interese, se cumple o no. Nos amparamos en ella y nos sirve como excusa. ¿Excusa? Seamos serios, por favor. “Hoy hemos desenmascarado a los socios de la señora Arroyo”, respondía Torres, “que defienden el franquismo y el fascismo”.

No quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que, por otro lado, que hay un pequeño haz luz al final del túnel y que nos debemos quedar con un buen sabor de boca, ahora que está a punto de acabar el año y la cordura es capaz de brotar cuando se aplica el sentido común razón. Y es que el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción defendida por el concejal socialista Pedro Contreras para exigir a la Comunidad Autónoma que paralice el concurso del servicio de transporte interurbano que conecta Cartagena con La Manga, con el objetivo de evitar el desmantelamiento del transporte público.