Cartagena se juega este jueves su futuro urbanístico en un Pleno extraordinario que abordará la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que marcará el crecimiento residencial, industrial y territorial del municipio durante las próximas décadas. Hay que recordar que el plan urbanístico en vigor data de abril de 1987, es decir, casi 40 años de una ordenación urbanística que ha padecido varios reveses en las últimas décadas para reformarse y que busca ahora un texto definitivo.
El texto llega al Pleno tras el dictamen favorable de la comisión informativa de Urbanismo, con los votos a favor de PP, Vox y la concejala no adscrita María Dolores Ruiz, y las abstenciones de PSOE, MC y Sí Cartagena. Aunque el Gobierno local sostiene que ha incorporado propuestas de la oposición “en busca del mayor consenso posible”, el debate político sigue abierto.
Más vivienda y más suelo industrial
El núcleo del plan pasa por ampliar la capacidad residencial desde una previsión inicial de 80.000 viviendas hacia una cifra cercana a 100.000, incorporando unas 700 hectáreas adicionales de suelo urbanizable. Con esta modificación, el suelo destinado a vivienda pasaría del 5,7% al 7% del término municipal.
El Gobierno plantea incentivos para aumentar la oferta y reducir costes:
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Posibilidad de que los aparcamientos en superficie no computen ni en edificabilidad ni en altura.
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Incrementos de edificabilidad de hasta el 35% por hallazgos arqueológicos.
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Aumentos de hasta el 40% (y hasta el 50% en parcelas públicas) cuando toda la promoción sea vivienda protegida.
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No computar determinados espacios comunes en vivienda colectiva para abaratar construcción.
En suelo industrial, el documento incorpora casi siete millones de metros cuadrados nuevos en tres ámbitos (Cabezo Beaza, Los Camachos-El Algar y Los Carboneles), que se suman a la ampliación prevista en Escombreras. Además, se refuerza el carácter productivo prohibiendo plantas de biogás o fotovoltaicas salvo que estén vinculadas a proyectos industriales concretos.
Más de 1.600 alegaciones
De las más de 1.600 alegaciones presentadas por particulares, se han incorporado total o parcialmente alrededor de un tercio. Algunas propuestas rechazadas inicialmente han sido incluidas posteriormente a través de iniciativas del propio Gobierno o de los grupos municipales.
Entre las modificaciones introducidas destacan:
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Propuesta de MC: reserva de una banda de protección en la antigua carretera Cartagena-La Unión para un futuro bulevar entre ambos municipios.
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Propuesta del PSOE: franja de protección de 600 metros para evitar instalaciones fotovoltaicas no destinadas a autoconsumo, protección del Palmeral de San Ginés y del bosque del Alacrán en La Azohía, e inclusión en el planeamiento de numerosos núcleos rurales hasta ahora en situación irregular.
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Propuestas de María Dolores Ruiz: blindaje del Casco Histórico hasta que se apruebe la revisión del PEOPCH, supeditando incrementos de edificabilidad y aparcamientos a dicha revisión, así como medidas relativas a la ermita de San José.
El Casco Histórico, punto sensible
Uno de los asuntos más delicados ha sido el equilibrio entre incentivos urbanísticos y protección patrimonial. A propuesta de Ruiz, se ha acordado que cualquier incremento de edificabilidad en el Casco Histórico quede supeditado a la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección, evitando impactos irreversibles en el Conjunto Histórico, declarado Bien de Interés Cultural.
También se plantea resolver la falta de aparcamiento mediante soluciones en un radio de entre 800 y 1.000 metros del centro histórico.
MC anuncia su voto en contra
El único grupo que ya ha confirmado su voto negativo es MC. Su portavoz, Jesús Giménez Gallo, ha acusado al Gobierno de consolidar un modelo urbanístico “agotado” y ha denunciado la previsión de miles de viviendas en suelos contaminados como ZINSA, Peñarroya o El Hondón.
“Cartagena necesita un Plan General, pero no éste”, ha afirmado, advirtiendo de que quienes lo respalden “serán cómplices de un modelo que hunde a la ciudad”.
MC critica la falta de negociación real tras la aprobación inicial y sostiene que el plan mantiene un crecimiento sin proyecto definido.
El PSOE mantiene líneas rojas
El PSOE, que se abstuvo en comisión, condiciona su posición definitiva a la protección integral del Mar Menor, el reconocimiento de núcleos rurales tradicionales y la preservación de zonas verdes estratégicas como el Palmeral de San Ginés o el bosque del Alacrán.
Un pleno decisivo
El concejal de Urbanismo, Diego Ortega, defiende que el documento es “el más importante de la legislatura” y que garantiza vivienda asequible, impulso empresarial y seguridad jurídica.
La votación de este jueves marcará el rumbo urbanístico de Cartagena para las próximas décadas. Si sale adelante, el PGOU continuará su tramitación administrativa; si no, el municipio seguirá con un planeamiento en revisión y sin la herramienta estratégica que el Gobierno considera imprescindible.