El Ayuntamiento de Cartagena asegura que mantiene el control de vertidos mientras el MITECO sigue sin reparar el emisario de Cala Reona. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reiterado que la responsabilidad sobre la reparación de esta instalación en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), organismo encargado de su gestión y de la tramitación del proyecto de reparación.
Arroyo ha recordado que el Ayuntamiento de Cartagena actuó de inmediato cuando se produjo la rotura del emisario en 2022, llevando a cabo trabajos de emergencia para minimizar su impacto. Desde entonces, asegura que el Consistorio ha mantenido un control continuo de los vertidos para garantizar que no supongan un riesgo medioambiental.
"La actuación definitiva corresponde al Ministerio. Lo último que nos trasladó la ministra es que la Dirección General está redactando el proyecto y que, una vez finalizado, se licitará la obra para su ejecución. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento seguimos realizando los controles necesarios para evitar vertidos incontrolados", ha explicado Arroyo.
Las declaraciones de la alcaldesa se producen en respuesta a la protesta organizada por la asociación Procabo, que denuncia que el emisario lleva dos años sin reparar y que la situación afecta al entorno marino.
Además, el pasado 21 de marzo, diversas organizaciones, entre ellas ANSE y la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, presentaron una denuncia ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma por los vertidos al Mediterráneo procedentes de la estación depuradora de aguas residuales Mar Menor Sur. Según estos colectivos, la EDAR carece de las autorizaciones ambientales necesarias y su capacidad se ve desbordada en episodios de lluvias, lo que ha derivado en vertidos que han obligado a prohibir el baño en Cala Reona en varias ocasiones.
Pese a las denuncias, el Ayuntamiento insiste en que la solución definitiva está en manos del Ministerio, que debe culminar la redacción del proyecto y licitar las obras. Mientras tanto, la administración local asegura que mantiene el control sobre los vertidos para evitar daños medioambientales.
