Cartagena arrastra cada año un volumen considerable de vehículos abandonados en la vía pública, una situación que afecta al espacio urbano, a la seguridad y al medio ambiente. Los datos municipales muestran la magnitud del problema: 1.265 vehículos retirados por abandono o por final de vida útil entre 2021 y el verano de 2025, con una media de 317 al año.

El abandono de vehículos sigue siendo una de las incidencias más repetidas en las calles del municipio. Turismos aparcados durante meses, ciclomotores que nadie reclama, motocicletas en estado de descomposición o furgonetas que se convierten en depósitos de basura improvisados forman parte del paisaje que los servicios municipales se ven obligados a combatir.

El grueso de los abandonos corresponde a coches y furgonetas de hasta 3.500 kilos (Tipo A), que suman 943 unidades en este periodo. Le siguen motocicletas, ciclomotores y pequeños vehículos especiales (Tipo B), con 148 casos. A esto se suman los vehículos utilizados por los Bomberos en prácticas de excarcelación (Tipo C), que se convierten a continuación en residuos, y un pequeño número de vehículos pesados (Tipo D).

Los datos reflejan, además, una tendencia al alza: en 2022 se retiraron 228 unidades; en 2023, 262; pero en 2024 la cifra se disparó hasta 376 vehículos abandonados, el récord del periodo analizado. Solo en los primeros ocho meses de 2025 ya se acumulan 293 casos.

El proceso para actuar ante un coche abandonado en la calle sigue una secuencia muy clara. Todo arranca cuando los agentes revisan la matrícula y comprueban que la documentación del vehículo está en orden. En ese momento, la Policía Local abre el expediente, impone una multa de 200 euros y da al propietario un plazo de un mes para que retire el vehículo por su cuenta.

Si pasado ese tiempo nadie responde, llega el segundo aviso: se añade otra sanción y se solicita la intervención de la grúa. El coche se traslada entonces al depósito municipal, donde comienza a generar gastos. La estancia cuesta 20 euros por día, lo que se traduce en 600 euros al mes y más de 7.000 euros al año.

Desde el Ayuntamiento explican que estas cifras suelen disuadir a muchos dueños. Cuando la deuda crece hasta cantidades difíciles de asumir, lo habitual es que el propietario renuncie a recuperarlo y el vehículo termine su destino en un centro autorizado para su tratamiento.

Una vez detectados, el Ayuntamiento tramita cada expediente siguiendo la normativa estatal -el RDL 6/2015 y el Real Decreto 265/2021- que considera estos vehículos residuos sólidos urbanos. Tras el proceso administrativo, son enviados a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para su descontaminación y destrucción, evitando así fugas de aceites, riesgos de incendio o impactos en el entorno.

La retirada de un coche abandonado no solo libera espacio en calles ya saturadas; también elimina un foco de degradación urbana. Los servicios municipales recuerdan que un vehículo abandonado puede convertirse en un punto de acumulación de residuos, atraer vandalismo o dificultar la movilidad en calles estrechas.