La Región ha estado salpimentada, a lo largo de esta legislatura, de casos en los que la convivencia entre el Partido Popular y Vox ha acabado mal, como son las rupturas en Gobierno regional en julio de 2024, una estrategia que marcó un punto y aparte en la relación del PP con Vox y tensionó aquellos municipios en los que regía el acuerdo, pero también en Cieza ese mismo año y en Yecla en 2025. También hay otros en los que el pacto sigue vigente, como Lorca, Molina, Las Torres, La Unión o Puerto Lumbreras, además de Cartagena. Pero no voy a hablar exclusivamente del pacto de derechas sino de la capacidad que pueden o deben tener los políticos para negociar a un lado y a otro de sus posicionamientos ideológicos.

Claro, la tendencia natural es hacerlo con aquellos más afines a los tuyos, por lo que la confluencia de ambas formaciones en el gobierno de Cartagena, a finales del pasado 2023, era una consecuencia lógica para la alcaldesa, Noelia Arroyo, que consideraba que su legislatura se vería comprometida sin poder aprobar los presupuestos por falta de entente con el resto de formaciones. Aunque ella reiteró que no le asustaba gobernar en minoría, tampoco el hecho de hacerlo en gobierno de coalición.

Pero si vamos un poco más allá, podemos observar que la alcaldesa popular lo supo hacer con Vox, el extremo a la derecha, pero también, unos años antes, arrancó un compromiso con el PSOE, en un pacto de gobernabilidad que llegó hasta el último día de legislatura. Es verdad que aquellos concejales que pactaron con el Partido Popular fueron expulsados meses después, pero la firma del acuerdo era entre una representante popular, una socialista y un concejal adherido a un partido más al centro, como Ciudadanos.

Muy pocos serán los casos que conozcamos, si echamos un vistazo a la flora y fauna del país, en los que una política/o haya sido capaz de gobernar con partidos de líneas ideológicas tan opuestas y que haya logrado hacerlo sin alterar el orden previsto al comienzo de sus mandatos. Diálogo, estabilidad, consenso, aspectos que el ciudadano de la calle anhela que deben defender quienes le gobiernan y que en esta sociedad tan polarizada apenas encontramos.

Aprobó los presupuestos de la legislatura anterior y ha aprobado todos los que han llegado hasta ahora -el de 2027 será otro cantar-, por lo que no podemos dejar de señalar que es una política con buen olfato, estratega y con un ADN negociador como nadie.

Esta misma semana ha logrado, de una tacada, sacar adelante el presupuesto de 2026 y el ambicionado Plan General de Ordenación Urbana, un proyecto largamente pretendido por administraciones, empresarios, vecinos y políticos y que ha alcanzado el 73% de afinidad entre los políticos del espectro municipal.

Ahora, con el plan cumplido, podría pensar que la carrera electoral para 2027 está en la rampa de salida y apartarse de Vox para marcar distancias. ¿Lo hará? Es algo complicado de prever aunque Arroyo siempre ha manifestado su interés por mantener el gobierno hasta el final.

En cualquier caso, más allá de cálculos electorales y equilibrios partidistas, lo que queda es una forma de ejercer la política basada en sumar cuando hace falta y resistir cuando toca, sin convertir cada desacuerdo en una ruptura irreversible.

En un tiempo donde el parapeto es más rentable que el acuerdo, quien logra aprobar presupuestos, desbloquear planes históricos y mantener la estabilidad demuestra que gobernar no va solo de ideología, sino de habilidad, temple y capacidad real de negociación.

El veredicto definitivo llegará en 2027, pero hasta ahora los hechos pesan más que las conjeturas.