CARTAGENA.  La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, reprocha que el Estado emprenda “medidas confiscatorias” después de que “el consistorio haya actuado como escudo social en una situación de pandemia y haya tenido que sobreponerse a dos DANAS con sus propios recursos”.

El Gobierno de la Nación ha comunicado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta para que los ayuntamientos, de manera voluntaria, cedan el remanente acumulado este año a la Hacienda central. Según informa el Ejecutivo, Hacienda realizará sendos ingresos en 2020 y 2021 que representarán el 35% de los fondos aportados y el resto sería devuelto en 10 anualidades.

La alcaldesa se ha opuesto de facto a este plan del Gobierno, pues impide a los ayuntamientos acceder íntegramente a su propio superávit. Cartagena generó un superávit de 4.100.000 euros en el año 2019, a lo que se restan 800.000 euros destinados al gasto social derivado de la pandemia de la covid-19 y otros 300.000 que serán invertidos en cuestiones de transición energética.

Con los tres millones de euros restantes, y empleando la fórmula propuesta por el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Cartagena sólo podría acceder a 400.000 euros en 2020 y a 600.000 euros en 2021. Los dos millones restantes se repartirían hasta el año 2032, a razón de 200.000 euros por año.

Castejón ha afirmado de forma contundente que esta acción ataca a la “total libertad”, no respetando “la autonomía y la realidad de cada municipio”, a pesar de que “debería ser el Estado quien financiase a los ayuntamientos”, y no al revés.

La alcaldesa ha concluido comprometiéndose a que “todo el superávit se destine a políticas sociales y medidas de reactivación económica”, sentenciando que “esta propuesta supone una intervención más en la autonomía municipal. Los ayuntamientos estamos asumiendo competencias impropias y encima se nos dice cuándo y en qué tenemos que gastar un remanente que, si lo tenemos, es porque hemos gestionado bien”.