MURCIA (EFE). El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha alertado sobre el “drama” que supondría el recorte previsto en la ley del uso de las aguas subterráneas a partir de 2027, y ha pedido que se garantice vía real decreto que esa medida no se llevará a cabo para dar tranquilidad al sector. Así lo ha dicho este viernes el presidente de la entidad, Lucas Jiménez, que ha participado en la reunión de la comisión permanente de Proexport, para reivindicar “el justo derecho al agua” en la cuenca del Segura y anunciar la próxima asamblea del sindicato, que se celebrará en Lorca el día 11 de noviembre. En esa cita, los regantes debatirán sobre “el posible drama anunciado en torno al uso de agua subterránea en la cuenca del Segura”, ha dicho.
Se refiere al real decreto ley de Planificación Hidrológica de España aprobado en 2023 y que prevé el cese de la explotación de prácticamente el 50 por ciento del agua subterránea que se está usando actualmente en la cuenca del Segura a partir de 2027, cuando está prevista también la subida de los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo, que limitará el agua trasvasable.
Según ha explicado, el Plan de Cuenca aprobado en 2023 preveía un recorte de 213 hectómetros cúbicos en el horizonte de 2027 de esas aguas subterráneas, al que se suma otro recorte de 105 hectómetros cúbicos de aguas procedentes del trasvase.
318 hectómetros cúbicos menos de agua los que recibiría la cuenca
En total son 318 hectómetros cúbicos menos de agua los que recibiría la cuenca, y el plan preveía también nuevas aportaciones de 34 hectómetros cúbicos de agua desalada, con lo que no se compensaría una cifra con la otra, ha lamentado, además de insistir en que ni siquiera se percibirá esa cantidad porque “no dan los tiempos”.
- Lucas Jiménez, presidente del Scrats. -
- Foto: SCRATS
Así, de los 1.300 millones de euros comprometidos por el Gobierno central para desarrollar infraestructuras de desalación, para 2027 solo se habrán ejecutado entre 80 y 90 millones, ha calculado.
Con estas cifras, ha dicho, lo único que podría tranquilizar al sector agrícola sería saber que no se limitará el uso de las aguas subterráneas, algo que solo puede garantizarse mediante “una norma de igual rango que la que aprobó el recorte”, que es un real decreto ley.
Las reglas de explotación supondrían el fin del trasvase
Jiménez se ha referido también a la posible modificación de las reglas de explotación del trasvase, que ha sido anunciada aunque aún no se ha llevado a cabo y que, para los regantes, supondrían “el fin del trasvase para los regadíos”.
El presidente del SCRATS ha reconocido que los tribunales han dado la razón al Gobierno central con sentencias que avalan la legalidad del recorte al trasvase planteado en la planificación hidrológica, pero ha subrayado que la medida “es legal pero no es justa”, porque la base de la decisión “fue política” y no una necesidad de mejorar la situación ecológica del Tajo.
Por su parte, el presidente de Proexport, Mariano Zapata, se ha sumado a la preocupación de los regantes por estos recortes en el agua y ha defendido el trasvase como la infraestructura que desde hace 50 años ha dado riqueza y trabajo a toda la Región de Murcia, por lo que ha manifestado su apoyo absoluto al SCRATS en sus reivindicaciones para defender el agua.
