MURCIA. Los regantes temen la llegada del 2027 por una doble amenaza: el recorte del Trasvase Tajo-Segura y la reducción de las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se entiende que hay sobreexplotación. Tanto desde el Scrats (Sindicato de Regantes) como desde la Comunidad alertan sobre las consecuencias del cierre de acuíferos para el territorio regional tras conocer un informe del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que analiza los efectos socioeconómicos del recorte en el uso de aguas subterráneas en la Cuenca del Segura, previsto para 2027 en el Plan Hidrológico.
El estudio pone de manifiesto que se pueden perder 40.722 hectáreas de explotaciones agrarias, de las cuales 28.702 estarían dentro del territorio de la Región de Murcia, lo que equivale a algo más del 16,5 por ciento de la superficie que actualmente utiliza aguas subterráneas. En la totalidad de la cuenca del Segura, las pérdidas ascenderían a 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo.
En el caso de la Región de Murcia, el informe calcula que el coste económico de eliminar la superficie de regadío afectada por las restricciones al uso de agua subterránea asciende a 680 millones de euros anuales, lo que supone el 82,4 por ciento del impacto total previsto en la Demarcación Hidrográfica del Segura, según precisa el Gobierno regional en su resumen del estudio.
En el ámbito laboral, las consecuencias serían "igualmente graves" para la Región de Murcia, con la destrucción de hasta 20.572 empleos a tiempo completo en distintos sectores productivos. Esta cifra representa el 81,2 por ciento del impacto total en la cuenca del Segura, por lo que la Región "concentraría la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo".
Según añade la Comunidad, el estudio también pone de manifiesto que el impacto no se limitaría sólo al sector agrícola, ya que también se verían afectados los sectores indirectos asociados, como la industria de transformación de productos agroalimentarios, la comercialización y los servicios relacionados. De esta forma, "el efecto económico del cierre de acuíferos tendría un efecto muy negativo sobre la economía de las regiones que conforman la cuenca del Segura, y traería consigo una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias, al reducirse la rentabilidad de las tierras reconvertidas de regadío a secano".
Para mitigar estas consecuencias, el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales traslada la necesidad de poner en marcha infraestructuras hidráulicas adicionales que sustituyan los recursos hídricos subterráneos, así como la integración de recursos externos. En este sentido, una de las alternativas que propone el estudio y que también ha reivindicado en numerosas ocasiones el Gobierno regional es la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano.
El Gobierno regional pide alternativas
El Gobierno regional ha trasladado "reiteradamente" al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la urgencia de buscar alternativas a la prohibición del uso de pozos y acuíferos a partir de 2027, dado que esta medida supondría "un perjuicio irreparable para zonas de la Región de Murcia que carecen de otras fuentes de suministro, como es precisamente el Altiplano".
A esta amenaza, añaden desde el Ejecutivo, se une el hecho de que el Gobierno central prevé recortar un 50 por ciento el agua del trasvase Tajo-Segura destinada al regadío del Levante en 2027. Por tanto, "la combinación del cierre de los acuíferos y la reducción de caudales del trasvase supondría un golpe sin precedentes para el futuro de la agricultura y la economía de la Región de Murcia, que pondría en riesgo su desarrollo social y territorial", señalan.
Los regantes piden al Gobierno que paralice el recorte
Deasde el Scrats lamentan que, tal y como llevan avisando desde hace años, que "la pinza de los dos recortes" -trasvase Tajo-Segura y subterráneas- "puede dar al traste con un porcentaje elevadísimo de explotaciones agrícolas". No en vano, para un recorte previsto de 316,7 hm3 (103,5 hm3 de trasvase + 213,2 de subterráneas) el plan contempla un aumento en desalación de apenas 38 hm3. "Es decir prevé zanjar un herida tan profunda con una tirita ínfima", adiverten.
El sindicato apela de nuevo al sentido común pero sobre todo al de Estado para que "el Gobierno de la Nación paralice estas medidas que, en el caso del recorte al Trasvase, tuvo una determinación política". A juicio de Lucas Jiménez, presidente del Scrats, "no se puede seguir jugando de esta manera con el pan de la gente. Con el futuro de un sector que, pese a todo, sigue empeñado en producir alimentos a precios competitivos y de calidad insuperable".
Además, "instamos a los representantes políticos y sociales de la ciudadanía levantina a que remen unidos con la idea de neutralizar estos recortes. La Planificación del Tajo tantas veces denunciada por este Sindicato está en suspenso porque tuvo un desarrollo torticero y marcado por directrices políticas de la entonces vicepresidenta Tercera del Gobierno, doña Teresa Ribera. El recorte de las aguas subterráneas es inaceptable en tanto en cuanto no existan recursos que sustituyan a los que se pretenden poner límite, y que puedan llegar a todas las zonas afectadas con costes asumibles. Otro camino, no será admitido por el sector primario de estas regiones e incluyo en este momento también al sector ganadero".
