MURCIA (EFE / EP / MP). Duro golpe para el Levante español. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el real decreto 35/2023 que revisa los planes hidrológicos de, entre otros, el Tajo y el Segura, con el objetivo de revertir el primero de ellos para evitar recortes en el agua trasvasable. 

La sentencia ha rechazado la demanda interpuesta por la Comunidad murciana en abril de 2023 contra el real decreto que fijaba los nuevos planes hidrológicos. En concreto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado "la inadmisibilidad opuesta por falta de legitimación activa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia" del decreto en el que se fijaban, entre otras cuestiones, los caudales ecológicos para la demarcación del Río Tajo.

La sentencia explica que el escrito de demanda de la Región de Murcia ofrece "de una manera prolija distintos motivos en los que, a su vez, despliega, de manera profusa, muy distintos argumentos, muchos de los cuales son circulares y reiterativos en distintos pasajes de la demanda".

El fallo supone un varapalo para los regantes del Segura, ya que no es la primera sentencia rechazada: en junio de 2024 ya desestimó el recurso del Consell valenciano y en diciembre de 2024 el alto tribunal también desestimó el recurso de la Comunidad de Madrid contra el plan del Tajo. Por tanto, y salvo sorpresa, el fallo confirma el régimen de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo.

Cabe recordar que el presidente murciano, Fernando López Miras, calificó la aprobación del plan por parte del Consejo de Ministros, el 24 de enero de 2023, como el "mayor ataque político contra la Región de Murcia". Desde entonces se han producido manifestaciones de la socieda civil en contra de ese plan.

La demanda judicial de la Región se formalizó en febrero de 2024, cuando el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, explicó que el nuevo plan hidrológico del Tajo contemplado en ese real decreto conllevaba una reducción del trasvase de agua al Segura "que puede alcanzar 100 hectómetros cúbicos al año", y ello sin ofrecer ninguna "alternativa viable o realista" para sustituir esa agua.

Ortuño argumentó entonces que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actuaba "con arbitrariedad" en la elaboración de esos documentos, que fueron aprobados en enero de 2023 "sin informes técnicos" e "ignorando deliberadamente" la existencia del trasvase Tajo-Segura.

Según el portavoz del Ejecutivo regional, el nuevo plan del Tajo no tuvo en cuenta las consecuencias sociales y económicas que se derivarán de la merma de aportaciones de agua a través del trasvase. Otro de los motivos que argumentó el Gobierno autonómico para impugnar el decreto fue que no se tuvo en cuenta la necesaria coordinación entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura, puesto que la aplicación del primero sería incompatible con el segundo.

La Comunidad considera que el decreto perjudica a los regantes

Tras conocer la noticia, la Comunidad señaló que sus Servicios Jurídicos estudian el pronunciamiento del Supremo sobre el recurso. Reseñan que el Gobierno de la Región de Murcia recurrió "una decisión política del Gobierno de España que no está basada en ningún criterio técnico o cientifico y que perjudica gravemente a la Región de Murcia y al Levante español".

En un comunicado, añaden que el recurso del Gobierno regional es contra "el plan de Pedro Sánchez de cerrar el trasvase Tajo-Segura" porque del agua del Trasvase "dependen miles de puestos de trabajo en la Región y no es justo condenar a miles de personas al paro por una decisión ideológica que consideramos que nunca se ha justificado técnicamente como es la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo".

El trasvase de Tajo- Segura, añaden, "es una herramienta eficaz cuya utilidad ha quedado demostrada especialmente en un tiempo de sequía donde la cabecera del Tajo ha dispuesto de unas reservas de agua históricas con las que se ha garantizado el consumo y el riego de todo el Levante español, lo que hace aún más injustificable y mucho más injusta la decisión del Gobierno de España de aplicar una subida de los caudales ecológicos que supondrá el recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura". Esto, concluyen, "será inasumible para los regantes y agricultores de Región.

Los Municipios Ribereños celebran el fallo

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía celebra la sentencia. "El PP y Vox deberían de dejar ya de utilizar las instituciones y acatar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a instaurar caudales ecológicos en el río Tajo. Y aquí el gobierno de España tiene otra razón, otro aval más, para no tener que esperar para que inmediatamente cumplan con los caudales ecológicos", ha señalado el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

La sentencia, alineada con la doctrina reciente del Alto Tribunal, recuerda que el caudal ecológico no es un uso del agua, sino una condición que vincula al sistema de explotación (con la única prioridad del abastecimiento a poblaciones), y que el plan del Tajo fija un escalonamiento en tres pasos: el valor plenamente ecológico es el del tercer escalón (2027); los dos anteriores funcionan como medidas de coordinación mientras se despliegan recursos alternativos en la cuenca receptora.

Para los Ribereños, el fallo aporta tres certezas: seguridad jurídica, un calendario claro para culminar la implantación de caudales en el eje del Tajo y una coherencia normativa que obliga a ajustar el régimen del trasvase a los planes vigentes, tal y como ya había señalado el Consejo de Estado y recogido el propio Real Decreto en sus disposiciones finales.

"Esta sentencia nos vuelve a dar la razón: proteger el Tajo es compatible con una gestión responsable del agua en todo el país. Lo que no es compatible es forzar las instituciones contra el interés general o demorar lo que ya es ley y jurisprudencia", subraya Castro.

La Asociación recuerda que viene defendiendo una transición ordenada y con visión de patrimonio común, frente a décadas de políticas que ignoraron el deterioro del río y sus riberas. Ese enfoque -centrado en la prioridad ambiental, la planificación responsable y el respeto a las sentencias- es el que se seguirá reclamando en los próximos foros y comisiones técnicas.