MURCIA. Las actividades relacionadas con la agricultura en la zona del Trasvase Tajo-Segura aportan 3.912 millones de euros a la economía española. Un dato que equivale al 0,25% del PIB nacional de 2024; un 29,8% que en 2019. Además, el Trasvase mantiene 102.894 puestos de trabajo en las provincias bañadas por el Acueducto, lo que supone el 0,48% del empleo nacional del pasado año, un 5,8% más que en 2019. Estas son dos de las principales conclusiones del informe elaborado por PriceWaterHouseCoopers, que ha analizado el impacto socioeconómico del acueducto en nuestro país por encargo del Sindicato Central de Regantes (Scrats). El estudio se presentó este miércoles en Murcia con la presencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en un acto que contó con la asistencia de representantes territoriales de Alicante y Almería, dos tierras también regadas por la cuenca del Segura, además de la propia Región.

El impacto total se desglosa en tres grandes frentes: agricultura, comercialización y transformación. Primero, son 1.896 millones de contribución total de la agricultura al PIB, con 70.878 empleos mantenidos en toda la economía. El Trasvase conlleva 1.460 millones de euros en la comercialización total al PIB, con 23.931 empleos. Y supone 556 millones de euros de contribución, con 8.085 empleos.

El informe también disecciona la relevancia socioeconómica del uso de las aguas subterráneas en la agricultura, que implican una producción de 583 millones de euros de cultivos de regadío en la cuenca del Segura, de los que 323 millones se concentran en la Región de Murcia. El regadío de estas aguas del subsuelo aporta 668 millones al PIB y sostiene 31.428 empleos en 2024.

Esta realidad, manifestada con cifras, no se produce en un contexto aislado. Los regantes temen la llegada del 2027 por una doble amenaza: el recorte de los envíos del agua de hasta un 50% procedentes del Trasvase y la reducción de las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se entiende que hay sobreexplotación. Como dijo el presidente en su intervención, "el problema de que no haya Trasvase no lo tienen los agricultores, sino que lo tiene toda España, no sólo los regantes", remarcó López Miras.

Cabe recordar que la reducción de acuíferos, tal y como puso de manifiesto un estudio de la Universidad de Alicante, significaría perder 40.722 hectáreas de explotaciones agrarias, de las cuales 28.702 estarían dentro del territorio de la Región de Murcia, lo que equivale a algo más del 16,5% de la superficie que actualmente utiliza aguas subterráneas. En la totalidad de la cuenca del Segura, las pérdidas ascenderían a 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo.

El papel clave de la agricultura del Levante

El informe de PwC también advierte de que las reglas de explotación establecidas en los nuevos planes hidrológicos pueden agravar el "déficit hídridico estructural" de la cuenca pero, con todo, se limita a examinar el papel clave que juega la agricultura para generar riqueza y empleo del país, con una producción agrícola en dinámica positiva. No en vano, las hortalizas y frutas generan 6,4 de cada 10 euros de la producción agrícola del país tras generar 39.000 millones en 2024, lo que es un crecimiento anual promedio del +2,3% desde el año 2000.

Por ello, el agua del trasvase que llega desde el Tajo significa un "recurso fundamental" para el sector agrícola del sureste y levante español, porque es una de las zonas de mayor producción hortofrutícola de Europa. Gracias a este recurso hídrico, señalan, se riegan más de 132.000 hectáreas de cultivos de altos valor, como son los cítricos, los frutales y los mencionados frutales.

"Y el Trasvase también favorece el cuidado del medioambiente, con una agricultura más eficiente y sostenible", pues es el "principal sumidero de C02 del sudeste español al eliminar más de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año. Y no sólo ello: los 44 millones de árboles frutales y los 70.000 ha de cultivos hortofrutícolas regados contribuyen al freno de la desertificación".

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, valoraba en la presentación que "son cifras en positivo, muy importantes, que hablan de creación de empleo, de competitividad, de sostenibilidad y de sumideros de CO2, pero tienen una parte negativa”. Esa parte negativa no es otra que la doble amenaza que temen los regantes, que haría que todas las cifras "se dividan a la mitad".

Por su parte, el director en la Región de Murcia de PriceWaterhouseCoopers y antiguo consejero del Gobierno regional, Javier Celdrán, expresó que, a 15 meses de que entren en vigor ambas medidas, la previsión apunta a que en 2027 la utilización de agua en la Región para uso agrícola se reducirá en un 50%. "La mejora de productividad vía tecnología puede suponer un 5-10 %, lo que permitiría producir lo mismo con menos agua, pero es incapaz de absorber una reducción de un 50% de los recursos hídricos", avisaba.