En ciencia política, se conoce como checks and balances el proceso a través del cual cada uno de los diferentes poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) previenen o contienen intromisiones o extralimitaciones de los demás. Esto conduce inevitablemente a que compartan el poder. Este concepto ya ha dado lugar a numerosos análisis y reflexiones a la vista de su clamoroso (a la vez que impune) incumplimiento por parte del Gobierno de coalición socialista-comunista.
Sin embargo, el mismo principio de equilibrio de poderes, que aquí se aplica de forma estrictamente horizontal, pues parte de la base de que los tres pilares del Estado de derecho son igualmente importantes, también puede concebirse con una disposición vertical. En otras palabras, como el contrapeso que ejercen las divisiones y subdivisiones territoriales respecto al Gobierno central.
Este es el papel que ha estado ejerciendo Murcia en los últimos meses, y que acapara portadas por diversas causas. Teñirse de verde en las recientes elecciones generales, la polémica por la financiación autonómica, o el denominado pin parental constituyen algunos ejemplos, y todos ellos presentan una nota común: hacen que la región difiera del canon que pretende marcar el Gobierno. Ni que decir tiene, este contrapeso, siempre saludable en una democracia liberal, ha de seguir unos mecanismos muy específicos que se traducen, ni más ni menos, en el cumplimiento de la legislación vigente. Así lo ha hecho el Gobierno de la Región de Murcia, ese verso suelto, en ocasiones directamente contestatario, que ahora vuelve a recurrir a la Justicia para contrarrestar al Ejecutivo de Sánchez al enviar hace unos días un requerimiento contra este para que adopte medidas urgentes ante la crisis en la que vive instalado el Mar Menor. Esta se trata ya de la quinta acción judicial que emprende López Miras: se suma a la relativa a la devolución del IVA y a los tres recursos por los últimos trasvases.
Además del valor intrínseco de estas actuaciones, merece la pena señalar el mensaje didáctico que transmiten, puesto que ponen de manifiesto que el uso de este mecanismo de contrapeso vertical, descentralizador del poder, logra, al mismo tiempo, acercarlo más a la cotidianeidad de las personas, que pueden disponer así con mayor claridad la forma en la que desean regir sus vidas. Por no hablar de la función que cumple como refugio ante regulación, modos, costumbres e ideologías que quizá no se comparten. Un bastión que solamente tiene cabida en una España descentralizada. Y es que, imponer un parecer único desde Madrid a lo largo y ancho del territorio nacional resulta muy tentador… cuando es el de uno mismo. Pero, en democracia, no existe la garantía de que se vaya a gobernar, ni de que se vaya a hacer siempre, por lo que es recomendable adoptar una postura más liberal. Bien porque conviene tarde o temprano, bien porque se trata de la más respetuosa con la libertad individual. Usted elige.
Director de la Fundación Civismo