MURCIA. Murcia tendrá una base de datos de las viviendas que hayan incurrido en infracciones urbanísticas para controlar que se subsanan los defectos. Así lo recoge la nueva ordenanza reguladora del deber de conservación de la propiedad inmueble, que ha sido aprobada en Junta de Gobierno y entrará previsiblemente en vigor antes de que finalice 2021. El concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, la ha presentado este martes.
Con esta nueva normativa reguladora, el Consistorio pretender "velar por el interés general de todos los vecinos del municipio, salvaguardando la seguridad, la salud y protegiendo el entorno, el paisaje y el medio ambiente", informaron fuentes municipales en un comunicado.
Guerrero ha explicado que con esta nueva ordenanza "se crea un marco normativo estable, predecible, integrado y claro que completa y desarrolla las normas ya existentes. Se trata, en definitiva, de ofrecer certidumbre, facilitando dónde acudir a los interesados, así como su conocimiento y comprensión, para que puedan tomar decisiones sobre su actuación".
Entre las novedades que se incluyen es esta ordenanza destaca un régimen sancionador que además prevé una posibilidad de reducción de la sanción que puede variar según el comportamiento del infractor y la reiteración de conductas de igual naturaleza.
También contemplará la posible elaboración de una relación de bienes inmuebles asimilable a una base de datos especialmente en suelo urbano, núcleos residenciales y zonas sensibles, para el conocimiento de su estado y el control del cumplimiento del deber.
Igualmente, pone en valor la participación, colaboración e implicación de los distintos Departamentos y Servicios del Ayuntamiento de Murcia, en el logro del cumplimiento de esta norma, y el impulso de un procedimiento ágil y abreviado, con concentración y simplificación de plazos y trámites.
La posibilidad de la participación de las Juntas Municipales y de Distrito, por medio de sus empleados públicos, en la práctica de notificaciones, y la elaboración de Bandos de periodicidad regular que sirvan de recordatorio general para el cumplimiento de la obligación del deber de conservación son otras de las novedades.
Por otro lado, se contempla por escrito la opción de pedir al obligado la realización del importe de la liquidación antes de la ejecución subsidiaria, así como la materialización mediante anotación en el Registro de la Propiedad como garantía real de la obligación del cumplimiento del deber de conservación a quien sea el titular registral en cada momento, independientemente de quien sea o haya sido el incumplidor.
