Foto: Juanchi LópezMURCIA. Por decreto y tras crear la oficina municipal que desarrollará y coordinará los trabajos. Así iniciará Murcia la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio que sustituirá al actual, aprobado en 2001, tras el rechazo del Pleno a hacerlo por la vía tradicional.
El alcalde, José Antonio Serrano, ha optado por esa vía después de que el Pleno celebrado el pasado 30 de marzo no diera luz verde al comienzo de los trámites, ya que el PP con 11 concejales, y Vox, con 3, se abstuvieron en la votación, mientras que Podemos (dos representantes), no participó en la sesión.
Serrano ya había avanzado a mediados del pasado mes de febrero su intención de arrancar los trámites de modificación del PGOU antes del final de la legislatura para adaptar la legislación urbanística al nuevo modelo de ciudad que defiende el Gobierno local.
En aquel momento, cifró en un plazo entre 8 y 9 años el tiempo que podría prolongarse el proceso. Se da la circunstancia de que la capital regional no tiene actualizado su plan y a nivel regional Cehegín y Águilas son los únicos municipios de la Región que han actualizado su PGOU en los últimos 15 años.
La revisión del PGOU que se aprobó en la Comisión de Urbanismo y que fue rechazada posteriormente tiene como objetivo "permitir modernizar el municipio de Murcia, haciéndolo más verde, más amable y más vertebrado", aseguraba el concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero.
Guerrero ha defendido la aprobación del decreto de la Alcaldía para poder poner en marcha la revisión del PGOU y adaptarlo a la legislación urbanística actual, especialmente a la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LOTUR) de 2015, así como los nuevos mapas de flujo preferente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
El Consistorio pretende tener listo pronto el nuevo Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que permitirá desarrollar los convenios urbanísticos que se firmaron en torno a 2006 para la zona norte del municipio y evitar así nuevos pagos a las promotoras.
Los convenios no llegaron a desarrollarse porque la justicia tumbó el plan especial en el que se enmarcaban en 2016 y hasta ahora no se había redactado otro proyecto para ello, si bien los convenios tendrán que ser modificados para ejecutarse en base a este nuevo PEI.
Entre los últimos trámites que se están llevando a cabo, Guerrero destacaba la adecuación del borrador del PEI a la sentencia firme que da la razón a una de las promotoras, Mamusa, y que obliga al Ayuntamiento a pagar unos 23 millones de euros a esa empresa.
