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Montero lamenta la confrontación: "Las CCAA podrán gestionar el ingreso mínimo a partir de 2021"

5/06/2020 - 

MADRID (EP) La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que a partir del 1 de enero de 2021, las comunidades autónomas que lo deseen podrán firmar convenios con la Seguridad Social para participar en la gestión del ingreso mínimo vital, y ha pedido "desterrar" las "estrategias" de algunas formaciones políticas que, a su juicio, pretenden "ensombrecer" esta prestación.

"El Decreto Ley establece la posibilidad de que aquellas CCAA que así lo deseen, a partir del 1 de enero de 2021 puedan formalizar convenios para la participación en la gestión del ingreso mínimo vital. Me parece que la política de confrontación no va a ningún lado", ha asegurado Montero este viernes 5 de junio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.

Así lo ha manifestado, preguntada por el hecho de que la Junta de Andalucía haya reclamado la gestión de esta prestación y haya dicho que no descarta recurrir al Tribunal Constitucional.

"En el cumplimiento del Decreto Ley, si Andalucía manifiesta su voluntad de poder hacer esa gestión, el instituto de la Seguridad Social podrá firmar con ella el correspondiente convenio de la misma manera que con otros territorios", ha precisado la portavoz del Gobierno, aunque ha precisado que las comunidades tendrán que esperar hasta el 1 de enero de 2021 para firmar estos convenios.

A su juicio, ahora "lo importante" es la "lealtad institucional" y que las administraciones se coordinen para poder aplicar el ingreso mínimo vital. Por el momento, será gestionado por el Gobierno central, a excepción de País Vasco y Navarra que lo gestionarán ellas mismas debido a su singularidad al ser territorios forales.

Montero ha criticado la "confrontación" que está existiendo y cree que la medida debería ser "objeto de celebración por parte de todos" pues marcará, según ha dicho, "un antes y un después" en la lucha contra la pobreza en España.

"Esta estrategia de ensombrecer algunas de las políticas más importantes de derechos ciudadanos que practican algunas formaciones se deberían desterrar", ha zanjado.

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