Foto: JESÚS HELLÍN/EPMURCIA (EP). El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes el cese del subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, por su condición de investigados en el 'caso Koldo'.
"Habida cuenta la situación procesal en la que ambos se encuentran, espero que lo entiendan", ha indicado Puente en el Senado durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, convocada a petición del PP.
El ministro ha subrayado que de la auditoría interna realizada por Transportes, "se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión" de cesar a ambos, a los que el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa tiene previsto interrogar en septiembre como investigados.
"Con ello no pretendo prejuzgar ni realizar ningún tipo de valoración que tenga que ver con cuestiones que sólo atañen a los tribunales de justicia. Mi decisión se basa exclusivamente en aspectos meramente administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoría practicada", ha explicado.
Y ha defendido que la decisión de cesar a ambos cargos no la ha tomado porque el juez les ha llamado a declarar o porque lo pidan los medios de comunicación, sino porque entiende que es "lo mejor para el ministerio" y para los propios investigados, que "a partir de hoy tendrán una oportunidad mejor para defenderse que lo que han venido haciéndola en el foco de la propia opinión pública todos los días", ha dicho.
El titular de Transportes ha presentado en su comparecencia los resultados de la auditoría interna que encargó el pasado 27 de febrero y cuyo informe final ha recibido este martes, según ha detallado.
Ha defendido que como ministro ha actuado con "total colaboración y transparencia" con la justicia, y respetando los derechos fundamentales de los funcionarios que participaron en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Puente ha expresado que, a la luz de la información y la documentación contenida en la auditoría, "parece evidente que los requisitos exigibles" en los expedientes de adquisición de mascarillas "no se cumplieron en su integridad".
Como ejemplo ha puesto que en la primera compra a la empresa Soluciones de Gestión --epicentro de la presunta trama-- se pasó en "apenas 38 minutos" de cuatro a ocho millones de mascarillas, algo que "no puede menos que llamar la atención", ya que "pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia duplicada estaría más relacionada con la oferta que con las necesidades detectadas".
Aunque ha querido precisar que si se hubieran cumplido todos los requisitos, "probablemente no hubieran podido evitarse los efectos ya conocidos", además de señalar que el informe no cuestiona que se recurriera a una tramitación de emergencia en aquel contexto.
No obstante, la auditoría señala que hubo falta de justificación de la cantidad a comprar y pone de manifiesto el "escaso margen temporal transcurrido entre ambas", ha expuesto, dado que todavía no había llegado el vuelo de la primera compra cuando ya se había firmado la segunda adquisición, de cinco millones de mascarillas.
También ha hecho hincapié en que hay actas de recepción por los destinatarios de las mascarillas, pero hay otras que están incompletas o "directamente no figura nada", no hay constancia documental de la entrega del material sanitario.
Otra de las conclusiones, según ha indicado, es que existió "influencia ejercida por personas ajenas a procedimientos reglados" y ha precisado que se refería al presunto 'conseguidor' de la trama, el empresario Víctor de Aldama.
En este sentido, el ministro ha explicado que Koldo García, el que fue asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, no sería el caso de persona ajena porque "formaba parte de la plantilla", estaba contratado por el ministerio.
Sobres la influencia ajena, Puente ha indicado que la auditoría recomienda como medida de control que "no procede que personas no vinculadas contractual o estatutariamente con la Administración tengan ni la más mínima intervención en los procedimientos administrativos".
El informe entiende también necesario que se refuercen los sistemas de control de entradas de personas al ministerio, además de las entradas y salidas de material de sus instalaciones.
"La auditoría, en el terreno propositivo, es tremendamente interesante", ha valorado Puente, que ha señalado que con este encargo "no pretendía ni pretende suplantar ni condicionar en modo alguno la instrucción judicial que se está llevando a cabo".
Más allá de los ceses, el titular de Transportes ha avanzado que establecerá la obligación de que las unidades tramitadoras hagan constar en los expedientes de adquisición el proceso de toma de decisiones sobre el adjudicatario y la concreción de los roles asumidos por todos los intervinientes de forma directa o indirecta.
Ha indicado que ampliará la aplicación del sistema antifraude actualmente aplicable a la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pasará a abarcar a todos los fondos públicos gestionados por el ministerio y a tener vigencia indefinida.
También ha dicho que impulsará la formación y sensibilización en materia ética de todos los empleados para evitar conflictos de intereses y reforzará el control de toda la cadena de distribución para casos de emergencia.
"Creo que con las medidas que vamos a adoptar, el ministerio se pone a la cabeza en la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito público", ha asegurado, añadiendo que no descarta medidas adicionales una vez analice la auditoría más a fondo.
Puente ha traslado que su compromiso era tratar de arrojar algo de luz a este asunto y cree que lo ha cumplido "con creces". "Yo no he destruido pruebas, no he destruido ordenadores con ningún martillo, yo no he dado ninguna instrucción para que nadie oculte ni esconda nada", ha garantizado.
Desde el PP, el senador Fernando Martínez Maíllo considera que el cese del subsecretario era "evidente", porque su continuidad "no tenía un pase" a la vista de los informes que manejaba la Audiencia Nacional y después de haber sido citado como investigado.
Pero, a su juicio, la exigencia de responsabilidades en el ministerio debe ir "más allá" y llegar al más alto nivel, porque este asunto es "un caso de corrupción muy grave" y debe seguir investigándose "profundamente".
"Van a tener que rectificar mucho más, no les queda más remedio que reconocer que se corrompieron cuando llegaron al gobierno -ha enfatizado-. Estamos ante una corrupción piramidal y tenemos que saber muchas más cosas. Aquí hay mucha gente que se ha enriquecido injustamente y ustedes tendrán no solamente que rendir cuentas, sino que asumir responsabilidades al más alto nivel".
En el 'caso Koldo', el juez Ismael Moreno investiga una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia de coronavirus. Concretamente, indaga en ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos entes de la Administración Pública, entre ellos Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. La causa recibe su nombre de Koldo García, quien fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
