Si quieres que algo no funcione crea una comisión. Esta frase, que algunos se la atribuyen a Napoleón Bonaparte, parece más bien salida de los labios de algún compatriota nuestro. En España, y en la Administración principalmente, se nos va el tiempo reunidos en delegaciones, comisiones y comidas. Si se presenta un problema, ya lo sabes, crea un comité y dejara de ser un problema.
Eso es lo que nos está pasando con el coñazo del maldito coronavirus, que es en lo que se ha convertido la crisis pandémica del dichoso bichito. Yo ya no sé las comisiones que se han creado en torno a la gestión (mejor la digestión) de este problema. Es más, sospecho que el gobierno tampoco lo sabe, lo que ha dado como resultado que la dichosa frase se haya hecho realidad.
Cada vez que un representante del gobierno sale a la palestra a darnos el latazo mediante el correspondiente discurso del día, nos inunda la arenga con citas y recetas atribuibles a la “comisión de expertos” que corresponda a cada caso. Una comisión que, por cierto, nadie conoce y que –en aras de la transparencia más opaca- ninguno de los voceros autorizados se ha comprometido a desvelar por miedo a la que les pudiera caer. Al menos eso es lo que vino a decir (con otras palabras) el sr. Simón, que –dicho sea de paso- se tiene ganada la gloria…
A estas alturas de la película no conocemos realmente quien está asesorando al gobierno en este tema tan delicado como preocupante. Yo siempre había pensado que los ‘expertos’ eran eso, expertos. Profesionales de cada una de las materias sobre las que asesoran, y que están en contacto directo con la realidad de aquellas materias o temas sobre las que el gobierno tiene que tomar decisiones trascendentales. Pero, al parecer, si este perfil de ‘asesor’ existe, lo que está claro es que están escondidos y no quieren dar la cara. Algunos dicen que son personas ideológicamente afines al gobierno y que, por eso, no quieren verse involucrados en estas escaramuzas, ni quieren hacerse responsables de determinadas decisiones que tienen que rectificar de inmediato, con equivocaciones y resbalones, un día sí y otro también.
Por eso, el ministro de Sanidad, ha tenido que salir y darnos una nueva información: son funcionarios del ministerio que hacen esa labor igual que si lo hicieran en cualquier otro aspecto relacionado con la tramitación administrativa de un expediente ordinario. Es decir, nos viene a contar una milonga que desbarata todos los argumentos en los que se había apoyado hasta ahora, y les endilga el mochuelo a los funcionarios.
Unos empleados públicos que saben hacer muy bien su función administrativa, pero que no son expertos ni profesionales cualificados como para asesorar y decidir sobre aspectos que van a afectar al funcionamiento de determinados sectores productivos muy profesionalizados y con una cualificación técnica y funcional muy concreta. Estos servidores públicos no se merecen que los ciudadanos los veamos como los responsables de las innumerables meteduras de pata que el gobierno está cometiendo, con decisiones y contra decisiones en tal cantidad y calado que los ciudadanos ya no sabemos a qué atenernos.
Terrazas al 30% y después al 50%; prohibición de rebajas en el comercio, con marcha atrás y autorización a los dos días; los guantes no ayudan en nada… pero es bueno que nos los pongamos; centralizan las compras en el ministerio y luego se dan cuenta que no tienen infraestructura para poder hacerlo y reculan. Y si nos introducimos en el ámbito sanitario, ahí es que no hay asesor que resista este despropósito: test no, test sí; mascarillas no y después sí; confinamiento no necesario y después imprescindible; el virus permanece activo durante dos horas… después cuatro…, seis… y, para que falte mejor que sobre, …a lo mejor hasta días.
Si existen (que ya no lo sé) estos comités técnicos de expertos, deberían ser eso, técnicos y no funcionariales. Lo que el gobierno necesita, ya que la mayoría de sus ministros no han cobrado una nómina de una empresa privada, es asesorarse de técnicos y profesionales que pisen la calle y tengan conocimiento del funcionamiento de estos sectores productivos. Si esto se hubiera conformado así desde el principio, se habrían evitado muchos de los errores que han dado lugar a que el gobierno tuviera que dar marcha atrás en muchas de sus decisiones, con el desgaste que esto supone y la consiguiente merma en la credibilidad de sus decisiones.
Son comisionados, y no comisionistas, lo que necesitamos. En estos momentos en los que nuestros gobernantes deberían estar preocupándose por la reactivación de la economía a través de la dinamización del sector productivo y sabiendo que el turismo es uno de los principales sectores en los que nos tendremos que apoyar, a estos genios de la impostura se les ocurre imponer una cuarentena de catorce días a todos los turistas que vengan a España. ¡Si señor! ¡Eso es lo que hay que hacer! Claro que si el experto que lo ha propuesto es el Ministro de Consumo (Alberto Garzón) que afirma que el turismo, en España, es ‘estacional, precario y de bajo valor añadido’, lo entiendo. Este señor, cuyo ministerio le tocó en una tómbola, debería hacérselo mirar y, por vergüenza, reconocer sus carencias y, quizá, dimitir. Otro tanto deberían hacer algunos de sus compañeros del Consejo de Ministros, quienes en una empresa privada no durarían ni veinticuatro horas.
Menos comisiones y más decisiones es lo que esperamos los españoles, pero, por desgracia, con el plantel que tenemos lo único que nos queda es rogarle a Dios que nos pille confesados.
Jesús Galindo es técnico en gestión turística