Foto: A. PÉREZ MECA/EPMADRID (EFE). La senda de estabilidad para el periodo 2023-2026 llega este miércoles al Senado, donde la mayoría absoluta del PP podría tumbarla y obligar al Gobierno a presentar una nueva, lo que retrasaría aún más los Presupuestos de 2024.
Por el momento el PP no ha desvelado el sentido de su voto, aunque todo apunta a que será negativo, lo que supondría el rechazo definitivo de la senda de estabilidad, que no vuelve al Congreso sino directamente al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad.
La senda de estabilidad y el techo de gasto que la acompaña -pero que no se vota- constituyen la base sobre la que se construyen los Presupuestos, por lo que su previsible rechazo retrasará aún más unas cuentas que deberían estar en vigor desde el 1 de enero.
La senda propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso prevé reducir el déficit público al 3 % del PIB en 2024, cumpliendo así las reglas fiscales europeas, y avanzar en esa corrección en 2025 (2,7 % del PIB) y 2026 (2,5 % del PIB). La deuda bajará al 106,3 % del PIB en 2024, el 105,4 % del PIB en 2025 y el 104,4 % del PIB en 2026.
En caso de rechazo, la Ley de Estabilidad establece que el Gobierno tiene que presentar una nueva senda en un plazo de un mes, pero no aclara cuáles son los pasos a seguir en caso de que esta tampoco cuente con el aval de las Cortes.
En otras ocasiones se ha recurrido a los últimos objetivos de déficit y deuda aprobados, pero esta opción no es posible en este caso porque no los hay, ya que las reglas fiscales europeas llevan suspendidas desde 2020.
El Gobierno defiende que, de acuerdo a un informe de la Abogacía del Estado que no se ha hecho público, una vez que la segunda senda sea rechazada ya puede presentar el proyecto presupuestario, aunque basado en los objetivos remitidos a Bruselas en abril, ya validados por las autoridades comunitarias, en lugar de en los nuevos.
Para el año 2024, esto supondría que el objetivo global de déficit no se vería alterado, ya que es del 3 % del PIB en ambos casos, pero sí el reparto por subsectores, lo que implicaría menor flexibilidad para comunidades autónomas (equilibrio en lugar de una décima de déficit) y ayuntamientos (dos décimas de superávit en lugar de equilibrio).
El calendario presupuestario para 2024 se ha visto alterado por varios factores, entre ellos la convocatoria de elecciones generales en 2023, que impidió que se iniciara el proceso en septiembre como es habitual.
Esto obligó a prorrogar los Presupuestos de 2023, una prórroga que se mantendrá al menos unos meses hasta que se aprueben las nuevas cuentas y que podría llegar a abarcar todo el ejercicio si el Gobierno no logra sacarlas adelante, como ya sucedió en 2019 y 2020, unos años en que estuvieron en vigor los Presupuestos de 2018.
Si el PP finalmente rechaza la senda de déficit, el Gobierno tendrá que aprobar en Consejo de Ministros una nueva y esta tendrá que pasar por el Congreso y el Senado.
Esto supone que, como pronto, el Ejecutivo podría presentar el proyecto presupuestario de 2024 para finales de febrero o principios de marzo, cuando arrancaría un trámite parlamentario que tradicionalmente se extiende durante unos tres meses pero que el Gobierno pretende tener cerrado a finales de abril.
Sin embargo, estos plazos podrían verse alterados por la negociación política, ya que el Ejecutivo no quiere presentar las cuentas hasta que tenga asegurado que superarán la fase de vetos, lo que exige cerrar acuerdos en un momento de tensiones entre los socios parlamentarios por la ley de amnistía.
