Mateo, 7-15

Dentro de las disposiciones previstas por la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Murcia del día 17 de abril para afrontar las contingencias derivadas del Covid-19 encontramos fundamentalmente tres, una subvención a Cáritas por importe de 250.000 euros, una media destinada a la concesión directa de ayudas económicas a unidades familiares cuantificada en 500.000 euros y un incremento del Anticipo de Caja Fija para los Servicios Sociales de un millón de euros.

La limitación de tales ayudas se fundamenta en la escasez de recursos disponibles para hacer frente, dentro del ámbito estrictamente municipal, a una crisis de orden sanitario-económico de tanta relevancia. Recordemos que los Presupuestos del Ayuntamiento están prorrogados y que el Fondo de Contingencia que preveían los del ejercicio 2019 era de 1.997.000 euros, señalar que el importe de remanente ejecutable que ha previsto el Real Decreto 11/2020 del estado de alarma era el 20% del mismo para las Entidades Locales; en el caso del ayuntamiento de Murcia estaríamos hablando de una cantidad de 41.486 euros, según la última Cuenta de liquidación cerrada; cantidad por otro lado irrisoria si no fuera por lo que del análisis de la estructura de la cuenta de Remanente de la entidad capitalina se desprende.

Sin ánimo de exhaustividad, si desmenuzamos la misma vemos que la cuenta de Remanente de cualquier corporación local está formada por los Fondos líquidos (efectivo disponible), los Saldos de dudoso cobro y el Exceso de financiación afectada (proyectos de inversión no ejecutados pero comprometidos); tanto los saldos de dudoso cobro como el Exceso de financiación afectada operan restando sobre los Fondos líquidos. La última Cuenta General del ayuntamiento de Murcia arrojaba respecto al importe de los saldos de dudoso cobro un resultado cuanto menos llamativo, situaba el saldo de dicha cuenta en 94 millones de euros, debido en buena medida a la antigüedad de los deudores que rozan probablemente la prescriptibilidad de los descubiertos. Llegados a este punto es necesario recordar que la entidad recaudadora de los tributos en el municipio de Murcia, Tribugest, está privatizada y que presenta en virtud de un informe de Cambiemos Murcia para la paralizada Comisión de Vigilancia de la Contratación Pública, en el que tuve el honor de colaborar, ineficiencias recaudatorias de un 16% respecto al global de las obligaciones tributarias en las que participa dicha entidad.

Tal lastre, el de la privatización del servicio y el de las ineficiencias recaudatorias que presenta son las principales causas de una minúscula cuenta de Remanente y de una más que elocuente restricción presupuestaria, que pocas alternativas deja a la gestión municipal (con o sin informes de expertos). La asignación racional del gasto y la elaboración de unos presupuestos municipales para el 2021 centrados en las personas, con una importante carga social que garantice suministros básicos, agilice las prestaciones de inserción y canalice un efectivo programa de apoyo a familias y pymes optimizando recursos mediante un ajuste de inversiones a un histórico de ejecutividad de las mismas, liberando por tanto recursos y alejándose de programas ineficientes y estériles como los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular cuando trata de solventar los problemas que él mismo, en su acción de Gobierno ha creado, como por ejemplo las ayudas a los comerciantes afectados por la separación de la ciudad fruto de las obras del AVE y que consistía en un subsidio lineal de 2.000 euros por afectado (independientemente del número de empleados del negocio, de sus pérdidas económicas demostrables mediante contabilidad o libros de ingresos o cualquier otra variable objetivable desde un punto de vista económico) y que encima dejó fuera a un 40% de los solicitantes se desprenden de la lectura de los acuerdos de la Coordinadora Local de Izquierda Unida del día 13 de abril.

Otras corporaciones locales con gobiernos de progreso están realizando una organización del gasto público más eficiente desde la perspectiva económica, subvencionando el mantenimiento del empleo si no se recurre a un ERTE, incentivando a las empresas en las que los empleados reciben el 100% de la base reguladora y estableciendo progresividad en las ayudas lineales a las empresas en función de las pérdidas de su facturación respecto a ejercicios pasados.

A estas alturas del artículo sería un despropósito no dejar de recordar al bipartito Ballesta-Gómez Figal lo que reza el artículo 31.2 de la Constitución Española: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos”, mejor eso que el capítulo 7, versículo 15 del Evangelio según San Mateo, aquello que dice “por sus frutos los conoceréis”.

Miguel Ángel Pagán Navarro, Economista, miembro del Grupo Economía y Trabajo de Izquierda Unida en el municipio de Murcia