MURCIA. El control de la aplicación de las medidas de igualdad o la persecución de la economía irregular son algunas de las áreas en las que se incrementarán las inspecciones laborales durante el año 2020. Estas prioridades han sido determinadas por la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo, que coordina a las administraciones central y autonómica en este ámbito y que se reunió recientemente para hacer balance de las acciones de este año. Tras este encuentro, la Comisión ha dado ahora a conocer la planificación de las iniciativas del próximo ejercicio.
En total, se han programado 17.279 actuaciones para 2020, lo que supone un incremento del 5,88 por ciento con respecto a las 16.319 que se proyectaron para 2019. En materia de contratos y relaciones laborales, y dentro del control de las medidas de igualdad, se prestará especial atención a la posible existencia de discriminación salarial por razón de género, y se reforzará la labor inspectora para supervisar el cumplimiento efectivo de los planes de igualdad en empresas de más de 250 trabajadores.
La directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral, Manuela Marín, destacó que “además, también se incrementarán las actuaciones relacionadas con el fraude en la contratación temporal, en los contratos a tiempo parcial y en los contratos para la formación y el aprendizaje, de cara a la consecución de un empleo más estable y de más calidad”.
En cuanto a la economía irregular, la directora general avanzó que “está prevista la firma de convenios entre la Consejería de Empleo y los ayuntamientos de la Región en esta materia”.
Además, en este ámbito, se incrementarán las actuaciones en los sectores de industria y comercio. Por su parte, dentro de las acciones transversales a cualquier sector, aumentarán las actuaciones relativas a las campañas de becarios y prácticas no laborales en las empresas, las relativas a empresas de economía social (enfocadas fundamentalmente a las falsas cooperativas), las relativas a los desplazamientos trasnacionales, así como las relativas al comercio electrónico y las plataformas de Internet.
Las actuaciones cuyo volumen se mantiene afectan a materias de fundamental importancia en la calidad de las relaciones laborales, como son las relativas a las empresas de trabajo temporal, las situaciones de subcontratación y cesión ilegal de trabajadores, o las situaciones discriminatorias en las relaciones laborales de inmigrantes.
Por lo que se refiere a las diferentes campañas en materia de Seguridad Social, se incrementarán las actuaciones para la detección de falsos autónomos, las derivaciones de responsabilidad, el control de prestaciones, y el de las empresas que no transmiten los ficheros de ‘Conceptos retributivos abonados’ (CRA). Estos ficheros contienen la información sobre los conceptos retributivos abonados a los trabajadores y deben ser remitidos mensualmente.
La prevención de los riesgos laborales también experimentará un aumento de las actuaciones en diversas áreas. Principalmente se potenciará la comprobación de las condiciones materiales de trabajo, sobre todo en aquellos sectores en los que mayores niveles de siniestralidad presentan: agricultura, construcción, manipulado y transporte.
Así, se incrementarán las actuaciones en materia de seguridad en la construcción y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Subcontratación; las relativas a los riesgos psicosociales, y las relacionadas con entidades auditoras. Asimismo, se mantienen las actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos musculoesqueléticos, seguridad vial, coordinación de actividades empresariales, mayor siniestralidad y enfermedades profesionales.