Marín, crónica de una destitución esperada

MURCIA. Seguramente no se imaginó Manuela Marín la primera vez que oyó hablar del Covid-19 que este virus que se originó en China en diciembre iba a ser el causante de su destitución como directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral. Su paso por la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha sido corto. Apenas ocho meses y una gran crisis de gestión por la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han provocado su cese del cargo al que, tal y como ella misma aseguró en septiembre, llegó con ilusión y muchas ganas.

Fue la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, la encargada de anunciar este jueves "la sustitución" de Marín por Purificación Cuadrupani, junto al consejero de Empleo, Miguel Motas, que a preguntas de los periodistas señaló que la decisión se debía a que "la situación ha cambiado mucho respecto a la de hace unos meses" y que el momento actual requiere de "un perfil diferente" aunque agradecía su trabajo.

En efecto, la gestión de los ERTE superó completamente los recursos y el personal de la dirección general y a la propia Marín, a pesar de tener un amplia experiencia empresarial a sus espaldas, de haber sido presidenta desde 2011 a 2019 de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (Omep), y miembro del comité ejecutivo de Croem y de la Cámara de Comercio. Pero en lo que concierne al funcionamiento de la Administración, su falta de experiencia la ha llevado a cometer errores fatales.

Cuando se decretó el estado de alarma hace casi seis semanas, los ERTE comenzaron a acumularse día tras día a una velocidad de vértigo en una Consejería que disponía de solo dos personas para gestionarlos. Acostumbrados a tramitar un máximo de 700 expedientes al año durante la última década, se encontraron con 2.120 ERTE la primera semana del confinamiento. La siguiente se duplicó ampliamente esa cifra, alcanzando los 5.900. La tercera semana, las empresas solicitaron 9.310 expedientes temporales. La cuarta 3.675 y la quinta, y última hasta ahora, fueron otros 3.000. Con datos globales, la cifra aumentó a más de 22.000. O al menos eso se creía.

Además, el sistema informático estaba tan colapsado como la propia Consejería. Así, durante las primeras semanas solo se pudieron dar cifras estimadas de las empresas que habían solicitado expedientes de regulación y, durante casi un mes, no se pudo facilitar el número de trabajadores afectados mientras otras comunidades los daban prácticamente desde el principio. También se sumó un problema añadido, que a partir del quinto día se comenzaron a aprobar ERTE de forma automática por silencio administrativo, algo que se ha intentado subsanar ampliando el plazo de resolución a 10 días. Hasta el momento, y debido a la acumulación de expedientes, ha sido en balde. 

De forma paralela, y constatando la falta de personal, la dirección general pidió auxilio a otras consejerías con el fin de reforzar la plantilla que debía registrar y resolver los ERTE, una tarea que llevó completar varias semanas. Hoy, ese equipo de funcionarios voluntarios llega a las 220 personas y trabaja de lunes a domingo con el fin de ponerse al día con los ERTE. Algo que, presumiblemente, se conseguirá la próxima semana al ritmo actual, en el que se registran 600 expedientes al día y se resuelven 400 y que se ha conseguido, sobre todo, por la eficiencia de ese equipo y su coordinación.

Sin embargo, esa lentitud en la gestión de los ERTE, en la ampliación de la plantilla y en la falta de datos provocó las críticas desde diversos sectores y situó a Marín en la picota. Pero lo que acabó por sentenciarla fue la información facilitada este martes en la que Empleo admitía haber estado proporcionando datos erróneos sobre los expedientes a lo largo de cinco semanas. Las nuevas cifras eran, en principio, positivas, ya que los ERTE presentados eran 15.750 y no los más de 22.000 que se estimaban hasta el viernes anterior, y los trabajadores afectados no alcanzan los 120.000 como se pensaba sino que se quedaban en unos 80.000. La estimación había sido, por lo tanto, demasiado pesimista pero la diferencia era tal con los datos reales que dejó en evidencia a la Consejería y su credibilidad.  

En política los errores pasan factura y Marín lo acaba de comprobar en su propia piel. Algunos consideran que ha sido una destitución injusta y destacan su compromiso y capacidad de trabajo. También ha sorprendido la elección de su sustituta, Purificación Cuadrupani, abogada y asesora de Ciudadanos en la Asamblea regional, tal y como han señalado algunas fuentes a Murcia Plaza, ya que su desconocimiento de la Administración y la gestión de ERTE es total. Sólo el tiempo dirá si ha sido una buena o mala elección.