MURCIA. Es una frase muy repetida por el Gobierno regional: la Región de Murcia es la más castigada por el injusto sistema de financiación autonómico. Y si dista mucho de ser de las beneficiadas, parece que no está en el ranking de las tres más perjudicadas respecto a los ingresos que genera y que recibe. Así lo señala el Mapa de Financiación Autonómica que ha publicado el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) con datos de 2018, último con datos cerrados, que asegura que las comunidades autónomas de Madrid, Islas Baleares y Catalunya fueron las más perjudicadas por el actual sistema de financiación.
El instituto muestra la evolución de los recursos disponibles en cada territorio por habitante a medida que se aplican los mecanismos de nivelación y los fondos de ajuste del modelo de financiación autonómico, que muestra que los ciudadanos de estas tres comunidades reciben de media un 17% menos de lo que aportan a la Administración Central, ha informado el IEB este jueves en un comunicado.
En 2018 Madrid disponía de unos recursos tributarios de 3.482 euros por ciudadano, pero aplicando la nivelación acabó con una media de 2.691 euros, un 24,4% menos.
En la misma línea, Baleares generó unos ingresos tributarios medios por habitante de 3.185 euros y terminó con 2.691 euros, un 15,5% menos, mientras que Catalunya, por su parte, generó unos ingresos tributarios medios de 2.967 euros por habitante y terminó en 2.664 euros, un 10,2% menos.
En cambio, las comunidades más beneficiadas por este sistema fueron Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia que, "pese a generar menos recursos tributarios que la media", acabaron con un volumen de recursos muy por encima del nivel medio.
Extremadura pasó de 1.770 euros a 3.089 (un 74% más), Castilla-La Mancha de 2.041 euros a 2.775 (un 36% más) y Galicia de 2.210 a 2.937 (un 33% más).
Los investigadores del mapa consideran que los datos justificarían "una revisión del modelo" vigente desde 2009 y con una tendencia similar en las mismas comunidades desde hace 10 años.
El IEB propone "adaptar el cálculo de los pagos a cuenta a la realidad económica del momento y no a unas previsiones futuras" como hasta ahora, y también ajustar las retenciones en el IRPF a la tarifa autonómica para visualizar la responsabilidad fiscal de las comunidades.
