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"No pueden seguir las cosas como hasta ahora con Rusia", subraya Von der Leyen

Los visados para ciudadanos rusos pasarán a costar 80 euros y llevará más tiempo obtenerlos

Foto: ALEXANDER SAYGANOV / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
6/09/2022 - 

BRUSELAS (EP). Los visados para ciudadanos rusos en la Unión Europea serán más costosos y llevará más tiempo obtenerlos, tras la propuesta de la Comisión Europea para suspender el acuerdo de facilitación de visados con Rusia, siguiendo el acuerdo alcanzado por los Veintisiete en respuesta a la invasión militar de Ucrania.

"No pueden seguir las cosas como hasta ahora con Rusia. Propomenos la total suspensión del acuerdo de facilitación de visados y no reconoceremos los pasaportes rusos emitidos en zonas ocupadas", ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en redes sociales, recalcando que este acuerdo era una "muestra de confianza" que la agresión a Ucrania ha "hecho añicos".

De esta forma, Bruselas da los primeros pasos para romper el acuerdo de visados con Moscú, una medida que ahora tendrán que aprobar los Veintisiete. Según la iniciativa de la Comisión, los permisos pasarán a costar de 80 euros --actualmente su precio es de 35 euros--, y el plazo para conseguirlos será de 15 días, aunque estos tiempos pueden extenderse hasta un máximo de 45 días cuando se necesite más información sobre el solicitante. Hasta ahora, gracias al convenio con Moscú estos plazos estaban acortados y los visados se conseguían en 10 días.

Entre otras trabas, los turistas rusos dejarán de disfrutar de entradas múltiples en el área Schengen y los visados se conseguirán con condiciones menos beneficiosas, pues los solicitantes tendrán que presentar más documentos para lograrlos.

En una breve declaración a la prensa, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha defendido obstaculizar la entrada de ciudadanos rusos en la UE, alegando que no se dan ahora mismo las circunstancias de confianza con Rusia para que sus ciudadanos reciban un trato privilegiado en materia de visados. "Ser un turista en la UE no es un derecho fundamental", ha defendido.

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Sobre los permisos ya emitidos y válidos, la socialdemócrata sueca ha señalado que Bruselas publicará una orientación para garantizar la coordinación entre Estados miembros, aunque ya ha avanzado que los podrán revisar los visados existentes.

La Comisión Europea quiere asegurar que sus fronteras están abiertas a estudiantes, periodistas, activistas o personas con lazos familiares en Europa, casos que se priorizarán, pero Johannson ha defendido que los Estados miembros puedan rechazar los visados a personas que consideren "una amenaza para su política pública, su seguridad interna o sus relaciones internacionales".

Ahora los Veintisiete tendrán que dar su visto bueno, aunque los ministros de Exteriores de la UE ya pactaron la semana pasada en una reunión informal limitar el número de visados a ciudadanos rusos en represalia por la guerra en Ucrania.

El debate sobre esta cuestión fue lanzado por los países bálticos y Finlandia, que han visto un repunte de la llegada de turistas a sus fronteras para viajar desde allí al resto de Europa. El acuerdo supuso un punto intermedio entre estos Estados miembros que reclamaban el veto total al turismo ruso y aquellos, sobre todo los receptores de turismo, que pedían una medida más selectiva.

En la actualidad casi un millón de ciudadanos rusos, 963.000 según los cálculos de Bruselas, tienen visados válidos para el área Schengen. El acuerdo de facilitación de visados con Rusia estaba vigente desde 2007 y permitía la entrada de los ciudadanos rusos en la UE por un periodo de hasta 90 días.

Asimismo, el Ejecutivo europeo ha propuesto una iniciativa para no reconocer los pasaportes y documentos emitidos en regiones ocupadas por Rusia, como es el caso del Donbás o el sur de Ucrania.

Esta medida que ahora tienen que aprobar los Veintisiete y el Parlamento Europeo busca impedir el viaje de personas rusas a la UE al no reconocer como válidos sus documentos para conseguir un visado, aunque, defiende Bruselas, que no equivale a una prohibición de viajar contra esas personas.

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