MADRID. (EP) Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estiman que el coste de deflactar las escalas estatal y autonómica y los mínimos personales y familiares oscilaría entre los 4.600 y 5.000 millones de euros en las comunidades de régimen común.
Después de que la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados haya rechazado, por segunda vez consecutiva, la proposición no de Ley que defiende el Partido Popular, Gestha ha remarcado su apoyo a la medida, aunque pide complementarla con un aumento de la tributación de las personas con mayores rentas.
Gestha propone acordar la deflactación de la escala estatal y autonómicas de la base liquidable general y del ahorro del IRPF, así como los mínimos personales y familiares, según la estimación de la inflación media en 2021 y la estimada en 2022, con efectos retroactivos al 1 de enero para que también beneficie a los herederos de quien pueda fallecer en este año.
Los técnicos consideran que esta medida no es incompatible para poder establecer nuevos tramos intermedios en la escala estatal de la base liquidable general y de las escalas estatal y autonómica de la base liquidable del ahorro vigentes, ni para poder aumentar la tributación de las personas con mayores rentas.
De hecho, calculan que casi una quinta parte del coste de la deflactación sería aprovechada por el 5% de quienes más ganan, mientras que casi un tercio de los declarantes de renta no se verían afectados, y tampoco aquellos que no están obligados a declarar por la baja cuantía de sus ingresos.
Unas medidas que Gestha extiende también a los ámbitos regionales para que la deflactación llegue también a las escalas autonómicas del IRPF y los mínimos personales y familiares autonómicos según la estimación de la inflación media de 2021 y 2022 igualmente con efectos retroactivos al 1 de enero.
Sin embargo, los técnicos rechazan una rebaja generalizada de impuestos, teniendo en cuenta el aumento exponencial del gasto público como consecuencia de las crisis derivadas de la pandemia y de la guerra en Ucrania; advirtiendo del impacto que podría provocar en términos de déficit y deuda.
En su lugar, reiteran la urgencia de reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, así como de fortalecer el control del gasto público.
